Una política migratoria puede exigir conocer el idioma, respetar las normas y asumir responsabilidades sin haber decidido todavía qué lugar corresponde a esos deberes en su arquitectura constitucional. Esa es la cuestión que plantea «Integrazione o ReImmigrazione»: ¿debería la integración seguir apareciendo como un objetivo de la administración o adquirir también un fundamento constitucional expresamente formulado? El modelo desarrollado en Italia propone la segunda vía, pero conviene empezar por una precisión decisiva para quien lo conoce por primera vez. No existe hoy en la Constitución italiana una disposición que establezca con esas palabras un deber general de integración del extranjero. Se trata de una reforma propuesta, no de un mandato constitucional ya aprobado ni de una facultad administrativa para retirar permisos sin procedimiento. Su interés reside en definir la responsabilidad de quien establece un proyecto de vida duradero dentro de la comunidad política, sin confundir esa responsabilidad con el origen étnico, la religión o una supuesta lealtad cultural obligatoria.
El punto de partida está expuesto en la conferencia del 11 de septiembre de 2026 y se desarrolla explícitamente en la
intervención del 10 de octubre de 2026. Su sexto componente propone reconocer constitucionalmente el deber de integración, tomando como referencia la relación entre derechos y deberes de solidaridad que ya recoge el
artículo 2 de la Constitución italiana. El salto conceptual no consiste en negar derechos a quien aún no es ciudadano. Consiste en sostener que la residencia prolongada comporta una relación jurídica progresiva y que determinadas obligaciones individuales, definidas posteriormente por ley, no deberían quedar reducidas a expectativas políticas vagas. Una Constitución puede formular un principio; no sustituye la ley que debe precisar destinatarios, hechos exigibles, límites y garantías. Por eso la propuesta no modifica por sí sola las condiciones actuales de residencia, protección o ciudadanía.
La diferencia con las obligaciones que ya existen merece
explicarse. Italia cuenta desde hace años con un Acuerdo de
integración, previsto en el artículo 4 bis de su legislación de extranjería y regulado por el Decreto del Presidente de la República n.º 179 de 2011. Ese instrumento articula compromisos de aprendizaje lingüístico y conocimiento del ordenamiento mediante un sistema específico de créditos. «Integrazione o ReImmigrazione» no presenta, por tanto, la idea falsa de que hasta ahora se podía residir sin ningún deber. Su reforma es más amplia: convertir una lógica inicialmente vinculada al permiso en un seguimiento individual de los compromisos relevantes a lo largo del tiempo. La propuesta de un deber constitucional daría una orientación general a esa evolución; la del acuerdo como expediente de la trayectoria aportaría un instrumento de comprobación. El principio y el procedimiento cumplen funciones distintas y ninguno autoriza automáticamente una sanción que la ley no haya establecido.
¿Qué se comprobaría? El modelo identifica tres indicadores de integración: actividad laboral real, aprendizaje de la lengua italiana y respeto de las reglas comunes. No son tres etiquetas para ordenar nacionalidades, sino dimensiones de una conducta individual que deben apreciarse en su contexto. Un despido no es una negativa a integrarse; una nómina tampoco demuestra por sí sola una integración completa. Lo decisivo es distinguir el esfuerzo acreditado, las dificultades no imputables y el rechazo consciente y probado de obligaciones efectivamente exigibles. Cuando se ofrecen medios reales para la formación, la decisión individual de utilizarlos tiene importancia. Cuando esos medios no están disponibles o concurren obstáculos acreditados, la respuesta jurídica no puede fingir que existe la misma responsabilidad. Esta distinción preserva el centro del Paradigma: la persona responde por actos y compromisos concretos, no por un juicio colectivo sobre la comunidad a la que se la atribuye.
Un deber de integración también necesita una frontera clara frente a la asimilación. Respetar las normas comunes no equivale a aceptar el gobierno de turno, compartir una interpretación oficial de la historia o abandonar una religión. La libertad de expresión reconocida por el artículo 21 de la Constitución italiana incluye el disenso político dentro de los límites legales; la libertad religiosa y la igualdad impiden convertir una práctica confesional lícita en indicio automático de incumplimiento. La propuesta no debería examinar conciencias, sino comportamientos definidos jurídicamente. Esto también explica su distancia respecto de una remigración identitaria que clasificase personas según ascendencia o procedencia: la ReImmigrazione del Paradigma es un eventual resultado individual, limitado por el derecho, no una selección étnica previa. La similitud de los nombres no borra la diferencia entre evaluar actos y clasificar orígenes.
El mecanismo propuesto tendría consecuencias para la permanencia, pero no todas las consecuencias imaginables. En el diseño presentado en las conferencias, una trayectoria positiva puede justificar una estabilidad jurídica progresiva y un permiso único de permanencia que siga la evolución de la persona; un incumplimiento persistente, cuando sea imputable y jurídicamente relevante, podría producir únicamente los efectos previstos por una futura ley. El retorno individual solo entraría en consideración si se reúnen sus presupuestos y se respetan las garantías constitucionales, europeas e internacionales. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 19, prohíbe las expulsiones colectivas y protege frente al retorno a determinados riesgos graves. Los beneficiarios de protección internacional mantienen derechos ligados a su estatuto y los ciudadanos no son extranjeros sujetos a un permiso condicional. Formular un deber constitucional no permite borrar esas
diferencias.
La objeción más seria es que constitucionalizar la integración termine por ofrecer una fórmula demasiado abierta, susceptible de utilizarse para castigar opiniones, imponer exigencias irrazonables o condicionar indiscriminadamente prestaciones públicas. El riesgo no se resuelve negándolo, sino preguntando qué podría controlar un juez. Una reforma jurídicamente defendible exigiría obligaciones precisas y legalmente previstas, prueba individual, criterios proporcionados, acceso al expediente, posibilidad de contradicción y tutela judicial. Tampoco un baremo administrativo puede desplazar los derechos fundamentales o las prestaciones esenciales y protecciones de los
menores. La igualdad del artículo 3 de la Constitución italiana y las normas europeas seguirían limitando cualquier desarrollo legislativo. Una
responsabilidad que no pueda explicarse y comprobarse ante el interesado dejaría de ser un deber jurídico para convertirse en una etiqueta política; eso sería contrario al propósito declarado de hacer verificable la integración.
Esta reflexión prolonga una cadena ya iniciada en
ReImmigrazione.com. El artículo en español del 12 de noviembre de 2026, «Integrarse es poder decir no, también a la propia comunidad», examinó la autonomía del individuo frente a las presiones de cualquier grupo. El análisis italiano del 14 de noviembre, «Doveri anche agli stranieri: la Costituzione anticipa la riforma», mostró que la participación cívica de los extranjeros ya plantea derechos y deberes bajo la Constitución vigente. El nuevo paso consiste en explicar cómo se enlazarían esos deberes actuales con una reforma constitucional todavía inexistente: el texto constitucional enunciaría la responsabilidad, la ley establecería su contenido y un procedimiento individual verificaría su cumplimiento. Así se comprende por qué «Integrazione o ReImmigrazione» se presenta como una propuesta sobre todo el recorrido migratorio, y no como un eslogan sobre llegadas o expulsiones: aspira a que la integración produzca consecuencias reconocibles sin sustituir el Estado de derecho por juicios de identidad.
Avv. Fabio Loscerbo
Abogado habilitado para actuar ante el Tribunal de Casación italiano
Inscrito en el Registro de representantes de intereses de la Cámara de Diputados italiana en materia de inmigración
Representante de intereses inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea n.º 280782895721-36 en materia de migración y asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Artículo elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial, bajo la dirección, revisión y responsabilidad editorial del autor.
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