Una política de integración puede cometer dos errores opuestos: exigir al recién llegado que abandone su identidad cultural o suponer que esa identidad determina para siempre a qué autoridad debe obedecer. La primera exigencia confunde ciudadanía cívica con uniformidad; la segunda convierte una pertenencia social en un destino. El Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» parte de una premisa distinta: quien se establece en una sociedad debe poder asumir obligaciones comunes como individuo, no como delegado de una etnia, una religión o una comunidad de origen. De ahí se desprende una consecuencia que merece discusión pública: la integración no consiste únicamente en respetar las leyes del país de residencia, sino también en disponer de libertad real para recurrir a ellas cuando las expectativas de un grupo, de cualquier naturaleza, entran en conflicto con los derechos de la persona. No se presume que una comunidad ejerza coerción; se afirma que ningún vínculo comunitario puede sustituir la posición jurídica individual.
Esta cuestión prolonga un debate que ya se había abierto en Italia.
El artículo «Da Padova a Catania, la Sharia e il rischio di una giustizia parallela: quando la libertà religiosa incontra il potere delle
comunità», publicado en ReImmigrazione.com el 7 de noviembre de 2026, examinó los límites de un arbitraje privado inspirado en convicciones religiosas y el problema del consentimiento frente a posibles presiones sociales. Aquel análisis distinguió correctamente una iniciativa de estudio en Catania de la constitución de un nuevo tribunal, que no quedó acreditada. El paso que ahora interesa es otro: no tomar un mecanismo arbitral como medida de integración o desintegración de un grupo, sino preguntarse qué clase de relación debe existir entre la persona, su comunidad y el ordenamiento común. La respuesta afecta por igual a asociaciones religiosas, familiares, ideológicas o culturales; no es un juicio sobre los musulmanes ni una acusación de prácticas generalizadas.
La historia europea ofrece un contraste verificable. En la
sentencia Molla Sali contra Grecia, cuyo pronunciamiento principal fue dictado por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 19 de diciembre de 2018, los tribunales griegos habían aplicado normas sucesorias islámicas a un testamento otorgado bajo el derecho civil griego por un ciudadano perteneciente a la minoría musulmana. La viuda perdió una parte sustancial de la herencia. Estrasburgo apreció discriminación en relación con el derecho de propiedad: la protección de una minoría religiosa no autorizaba ese trato diferente sin justificación objetiva y razonable. No fue una prohibición general de toda práctica religiosa ni una decisión sobre inmigración.
Precisamente por eso resulta instructiva: una identidad atribuida a la persona por su pertenencia colectiva no puede privarla, por sí sola, del marco civil de derechos que corresponde aplicar. El problema empieza cuando el origen decide más que la voluntad jurídicamente protegida.
El tercer principio del Paradigma —considerar al migrante sujeto jurídico y no objeto de política— adquiere aquí su dimensión social. Rechazar la «remigración» construida sobre origen o ascendencia no basta si, al mismo tiempo, se habla de quienes llegan como bloques comunitarios incapaces de deliberación propia. Una persona puede conservar su lengua, practicar su religión, participar intensamente en una asociación y mantener discrepancias profundas con sus dirigentes; ninguna de esas conductas demuestra por sí misma rechazo de la integración. El dato políticamente decisivo es si puede ejercer los derechos reconocidos por el ordenamiento y responder personalmente de sus obligaciones. También sería incoherente exigirle que demuestre integración mediante la renuncia pública a su fe o mediante
declaraciones de adhesión a opiniones políticas mayoritarias. El Estado constitucional pide respeto a sus normas vinculantes, no una profesión de sentimientos ni obediencia a una identidad oficial.
El sexto principio da un paso adicional, aunque todavía en el terreno de la reforma propuesta: reconocer expresamente en la Constitución italiana un deber de integración para determinados residentes, que tendría que ser concretado por ley. El deber constitucional de integración no existe hoy en esa
formulación y no podría imponerse como examen de lealtad cultural. Su contenido defendible sería el cumplimiento individual de obligaciones legales, junto con el esfuerzo exigible de adquirir los instrumentos para convivir y actuar con autonomía: lengua, trabajo lícito y respeto de las reglas. La innovación es distinguir tres planos que el debate suele mezclar: una creencia privada, un desacuerdo legítimo y una conducta contraria a deberes jurídicos comprobables. Sólo el tercero permite hablar, en las condiciones previstas por la ley, de responsabilidad sancionable o de
consecuencias sobre una situación administrativa. La religión, la nacionalidad de origen y el disenso no constituyen pruebas de incumplimiento; tampoco lo constituye simplemente recurrir a una mediación comunitaria legal.
Para el lector español, la Ley 60/2003 de Arbitraje permite comprobar la diferencia entre pluralismo y jurisdicción separada. Su artículo 2 reserva el arbitraje a materias de libre disposición; el artículo 9 exige un convenio que exprese la voluntad de las partes, y el artículo 41 contempla la anulación cuando falta un convenio válido, se resuelven materias no arbitrables o el laudo contradice el orden público. La Constitución española protege la igualdad, la libertad ideológica y religiosa y la tutela judicial en sus artículos 14, 16 y 24. Estas garantías no convierten automáticamente en ilícita una mediación inspirada en valores religiosos, pero tampoco permiten que una creencia elimine derechos indisponibles ni el control judicial legalmente previsto. La comparación no importa a España una reforma italiana: muestra que la libertad de organizarse y la igualdad ante el derecho pueden convivir sin obligar a todos a una sola cultura.
Existe una objeción seria: transformar la autonomía personal en un objetivo estatal puede ofrecer un pretexto para vigilar comunidades, calificar de sospechosas sus tradiciones o interpretar todo acuerdo entre miembros de un grupo como fruto de coacción. Sería una contradicción frontal. El pluralismo protege la asociación, la mediación lícita, la solidaridad y las costumbres; una sociedad libre no tiene derecho a deshacer todas las lealtades privadas. La respuesta no es un registro de convicciones ni una inspección moral de la vida familiar. Es asegurar que, cuando surja un conflicto concreto, sean efectivas la información comprensible, la libertad de consentir, la protección frente a amenazas y el acceso a los recursos judiciales disponibles. Tampoco cabe deducir una infracción de la mera existencia de un arbitraje religioso, ni utilizar este análisis como fundamento automático para denegar un permiso, restringir derechos fundamentales o atribuir culpas colectivas. Lo relevante son hechos individualizados y normas previamente establecidas.
Así emerge una consecuencia política más duradera que la
controversia de una institución concreta. Integrar no es escoger entre la cultura mayoritaria y la cultura de origen; es formar parte de una comunidad de derecho en la que ninguna de las dos tiene poder para anular la libertad jurídica de la persona. El Paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» propone vincular la permanencia legal, donde el ordenamiento lo permita, a una trayectoria individual y a
responsabilidades verificables, no a etiquetas identitarias. Esa arquitectura exige distinguir con rigor el incumplimiento probado de una obligación del ejercicio de una libertad, y mantener intactas las garantías de ciudadanos, residentes y personas protegidas por el derecho europeo e internacional. Una sociedad que respeta a quien llega no le pide que obedezca a un grupo en nombre de su origen; le reconoce capacidad para tomar decisiones propias y le exige, como a los demás, respetar las reglas comunes. La integración empieza también cuando esa libertad puede ejercerse.
Avv. Fabio Loscerbo
Abogado habilitado para actuar ante la Corte de Casación italiana
Inscrito en el Registro de representantes de intereses de la Cámara de Diputados de Italia en materia de Inmigración
Lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea n.º 280782895721-36 en materia de Migración y Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Artículo elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial, bajo la dirección, revisión y responsabilidad editorial del autor.
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