La inmigración suele presentarse como una disputa entre quienes quieren admitir a más personas y quienes prometen expulsar a más. En ambos casos, el resultado político se reduce a un número. El paradigma «Integrazione o ReImmigrazione» parte de otra exigencia: el Gobierno debería poder explicar qué ocurre con las personas después de la entrada, qué obligaciones concretas asumen, qué posibilidades reales tienen de cumplirlas y qué consecuencias permite adoptar la ley. Su propuesta de un Ministerio de Integración y ReImmigrazione no pretende inventar un juez de la identidad nacional. Persigue que exista una responsabilidad política reconocible sobre la trayectoria completa, desde el ingreso hasta la consolidación legítima de la residencia o, cuando proceda jurídicamente, el retorno individual.
El problema no consiste en que hoy nadie trabaje en integración. En Italia intervienen varias administraciones con funciones reales y diferenciadas: interior, trabajo, asuntos exteriores, escuela y entidades territoriales. Esa distribución puede ser razonable y, en parte, necesaria. La contradicción aparece cuando un gobierno anuncia plazas de entrada, proyectos formativos o decisiones de retorno como éxitos separados, aunque no sepa explicar si el conjunto produce pertenencia cívica y cumplimiento de deberes. La reflexión ya se desarrolló en «Dagli ingressi ai ritorni, la responsabilità politica non può restare divisa», del 25 de septiembre de 2026, y en «L’Italia ebbe un ministro dell’integrazione. La permanenza restò fuori», del 19 de noviembre. El paso que falta es precisar qué significa responder políticamente sin apropiarse de decisiones que corresponden a otras autoridades.
Un ministerio semejante debería responder de una pregunta exigente: ¿el sistema distingue entre una persona que cumple sus compromisos y otra que los rechaza de forma consciente y acreditada? Los tres indicadores planteados —trabajo, lengua y respeto de las reglas— no son etiquetas sobre comunidades, sino dimensiones de una conducta individual que debe valorarse en su contexto. Quien cambia de empleo no deja por ello de integrarse; quien conserva un contrato no demuestra automáticamente respeto del ordenamiento; y una dificultad de aprendizaje no es, por sí misma, una negativa voluntaria. La responsabilidad personal solo es seria cuando los compromisos son conocidos, las pruebas son pertinentes y la valoración admite explicaciones. De lo contrario, la permanencia condicionada se degradaría en una sucesión arbitraria de impresiones
administrativas.
La propuesta política se vuelve más concreta si se distingue dirección de la política de decisión sobre una persona. El ministerio podría coordinar objetivos, conocer resultados agregados, detectar incoherencias entre etapas y promover una reforma legislativa que diera continuidad al Acuerdo de integración. No se sigue de ello que un ministro pueda decidir personalmente quién está integrado, revocar un título por motivos culturales o ordenar un retorno al margen del procedimiento. El artículo 95 de la Constitución italiana distingue la dirección política general, la responsabilidad de los ministros y la competencia de la ley para determinar la organización ministerial. El diseño
institucional propuesto habría de respetar esa separación:
responsabilidad por el rumbo común, no concentración ilimitada de potestades sobre cada residente.
Esta precisión cambia también el significado de la palabra ReImmigrazione. El retorno no sería la cuota que un ministro debe alcanzar para mostrar firmeza, ni un castigo colectivo asociado al origen, al apellido o a la religión. Sería una posibilidad individual del sistema allí donde una decisión legítima resulte jurídicamente adoptable y ejecutable. La Directiva 2008/115/CE regula, en su ámbito de aplicación, procedimientos y garantías de retorno, incluidos los recursos, y exige respetar el principio de no devolución. Tampoco pueden confundirse las condiciones de un extranjero en situación irregular con los derechos de
ciudadanos, residentes amparados por otros estatutos o personas con protección internacional. Una nueva responsabilidad ministerial no derogaría esas diferencias: tendría que gobernar reconociéndolas.
La objeción más fuerte no es administrativa, sino democrática. Si la misma autoridad habla de integración y de retorno, ¿no terminará convirtiendo cada curso de lengua o cada encuentro con la
administración en un mecanismo de sospecha? El riesgo existe si se identifica coordinar con vigilar, o pertenecer con aprobar una prueba de conformidad ideológica. Por eso el instrumento debe diseñarse con competencias explícitas y límites verificables: libertad de conciencia y expresión, protección de datos, motivación individual de los actos y tutela judicial efectiva. La obligación de respetar la ley común no equivale a aceptar la opinión del gobierno. La normativa europea de retorno y las garantías constitucionales no son obstáculos decorativos que puedan mencionarse al final; fijan quién puede actuar y qué decisiones son susceptibles de control.
Existe, sin embargo, una objeción opuesta: si todos los órganos conservan sus competencias, ¿para qué añadir un ministerio? La respuesta no puede ser «para crear otra oficina». La novedad política sería hacer responsable a un miembro del Gobierno de la coherencia entre lo que se exige y lo que realmente se comprueba, y de explicar públicamente por qué las instituciones no alcanzan sus objetivos. El residente conserva su responsabilidad individual: asistir a una formación no sustituye el estudio, ni recibir una oportunidad de empleo sustituye la conducta conforme a las normas. Pero la acción pública deja de contabilizar actos inconexos como si fuesen una política completa. El antecedente histórico examinado en el artículo italiano del 19 de noviembre recuerda precisamente que un cargo denominado «integración» no basta si su mandato no incluye el recorrido de permanencia.
El paradigma no necesita un ministerio que decida por el juez ni que transforme la cultura en una licencia revocable. Necesita, si prospera la reforma, un responsable político de una política completa: entrada ordenada, oportunidades reales, deberes personales claros, evaluación individual con garantías, estabilización cuando corresponda y retorno únicamente en los casos permitidos. Ahí se encuentra la diferencia respecto de una gestión dominada por cifras de llegadas o expulsiones. El éxito no consistiría en multiplicar los expedientes ni en exhibir dureza, sino en poder explicar cuántas trayectorias de integración se han consolidado, por qué y conforme a qué reglas. La propuesta de Ministerio de Integración y ReImmigrazione sería defendible por esa rendición de cuentas, no por su nombre ni por el poder que logre acumular.
Avv. Fabio Loscerbo
Abogado habilitado para actuar ante el Tribunal Supremo de Casación italiano
Inscrito en el Registro de representantes de intereses de la Cámara de Diputados de Italia en materia de Inmigración
Representante de intereses inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea n. 280782895721-36 en materia de Migración y Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Artículo redactado con la asistencia de herramientas de
inteligencia artificial, bajo la dirección, revisión y responsabilidad editorial del autor.
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