La Policía de Inmigración no decide quién está integrado

Una política migratoria puede declarar que quiere integrar a las personas extranjeras y, al mismo tiempo, crear una fuerza
especializada para ejecutar decisiones de retorno. A primera vista parece una contradicción. El paradigma italiano «Integrazione o ReImmigrazione» parte de otra distinción: el Estado debe poder decidir, con arreglo a la ley, si una persona puede continuar residiendo, y debe ser capaz de ejecutar una decisión de salida cuando sea legítima y ejecutable. Pero la policía que realiza una actuación material no debería convertirse por esa razón en el órgano que establece si alguien está integrado. Esta separación entre valoración de la trayectoria y ejecución de la decisión es esencial para comprender una propuesta que, fuera de Italia, corre el riesgo de confundirse con la importación de un aparato de detenciones o con un sistema de vigilancia cultural.

La propuesta nace de una idea más amplia, desarrollada en la intervención «Integrazione o ReImmigrazione: governare l’immigrazione oltre l’emergenza», de 10 de octubre de 2026. El objetivo del modelo no es multiplicar expulsiones. Es ordenar una secuencia: entrada con un proyecto personal, oportunidades reales para aprender y trabajar, obligaciones conocidas, valoración individual de los hechos y una decisión sobre la continuidad de la residencia. Trabajo, lengua italiana y respeto de las normas no son tres sellos que se estampan automáticamente, sino elementos de una trayectoria examinada según su contexto y el régimen jurídico aplicable. Una integración demostrada puede apoyar una estabilización en los supuestos que permita la ley; cuando no existe un derecho a permanecer y concurren los requisitos legales, puede llegar un retorno individual. El modelo no equipara una dificultad material con un rechazo consciente de deberes
exigibles
y no atribuye consecuencias por origen, religión o ascendencia.

Dentro de esa arquitectura, la propuesta de una Polizia dell’Immigrazione es una reforma institucional todavía no establecida como cuerpo autónomo en Italia. Su función proyectada consiste en especializar tareas que hoy atraviesan varias
administraciones: identificación, continuidad de la información sobre la situación jurídica, coordinación operativo-administrativa y ejecución de resoluciones legalmente adoptadas cuando proceda. No se trata de crear una policía para investigar costumbres, calificar opiniones o producir una puntuación moral de los extranjeros. Tampoco de sustituir a jueces, autoridades que deciden sobre protección internacional, médicos que valoran cuestiones sanitarias o
funcionarios que examinan las condiciones de un permiso. La clave es determinar qué institución comprueba los requisitos, cuál toma la decisión motivada, quién puede revisarla y quién la lleva a efecto. La especialización operativa tendría sentido si estas fronteras funcionales fueran más nítidas, no si quedaran
confundidas.

Imaginemos una persona que ha residido legalmente, aprendido italiano, mantenido empleo y cumplido sus obligaciones, pero pierde su trabajo. Su situación debe examinarse conforme al título que posea, los plazos aplicables, los derechos familiares y las demás
circunstancias relevantes. La policía especializada no podría inventar una conclusión de «fracaso de integración» a partir de un despido, ni convertirla por sí sola en una orden de expulsión. También vale el razonamiento inverso: una resolución de retorno adoptada conforme a la ley y efectivamente ejecutable no deja de existir porque otra oficina haya recibido una solicitud o porque el interesado exhiba un contrato; las consecuencias dependerán del procedimiento y de sus posibles efectos suspensivos. Valorar no es ejecutar; ejecutar no es volver a valorar arbitrariamente. En el diseño propuesto, la continuidad documental entre fases impediría tanto las decisiones desinformadas como las demoras derivadas de expedientes inconexos.

Este planteamiento continúa un debate anterior sin reproducirlo. El artículo del 21 de septiembre de 2026, «Farage vuole il modello ICE: la risposta italiana deve essere una Polizia dell’Immigrazione costituzionalmente compatibile», explicó por qué una estructura italiana especializada no equivaldría automáticamente a la agencia estadounidense ICE y por qué el control judicial forma parte de su legitimidad. La cuestión adicional es institucional: la concentración de información no debe convertirse en concentración ilimitada de decisiones. Si el mismo aparato registrara los compromisos de integración, interpretara su
incumplimiento, retirara el título y ejecutara la salida sin controles separados, el expediente personal correría el riesgo de convertirse en una acusación administrativa sin verdadero contradictorio. Una reforma coherente debe prever trazabilidad de las pruebas, competencias delimitadas, motivación y recursos, no una sola oficina dotada de poderes indeterminados.

El derecho existente ayuda a precisar la frontera. El artículo 13 de la Constitución italiana somete las restricciones de la libertad personal a reserva de ley y a garantías judiciales. La Directiva 2008/115/CE, en su ámbito de aplicación sobre estancia irregular de nacionales de terceros países, regula decisiones relacionadas con el retorno, garantías y vías de recurso; su artículo 13 prevé una revisión efectiva. Ninguno de estos textos establece la policía propuesta ni permite expulsar automáticamente a quien suspenda un curso de lengua, pierda el empleo o discrepe de una política pública. Los ciudadanos italianos y de la Unión, los titulares de protección y quienes poseen otros derechos de residencia no pueden ser tratados como si todos estuvieran sometidos a la misma condición migratoria. Una futura ley debería definir con precisión nuevas funciones, sus límites y el control jurisdiccional, respetando además la vida privada y familiar y la prohibición de devolución a situaciones de riesgo prohibido.

La objeción más seria es práctica: tantas distinciones podrían dejar a la nueva estructura sin capacidad para actuar. Si cada administración conserva un fragmento y nadie responde del resultado, la especialización sería un cambio de rótulo. Pero la solución no consiste en entregar a la policía el poder de decidir sobre cualquier aspecto de la integración. Consiste en un itinerario de responsabilidades verificables: los órganos competentes determinan la situación legal y resuelven motivadamente; la persona puede alegar, aportar pruebas e impugnar cuando proceda; una estructura operativa recibe información fiable sobre qué decisión puede ejecutarse, con qué límites y en qué momento. La existencia de controles no es una concesión ajena a la eficacia: evita actuaciones que puedan terminar anuladas, asegura que un retorno legalmente posible se organice de modo realista y protege a quienes ya tienen derecho a permanecer. Del mismo modo, la exigencia de
responsabilidades individuales no autoriza a examinar a comunidades enteras como si fueran un solo expediente.

La consecuencia para «Integrazione o ReImmigrazione» es concreta. Una eventual Policía de Inmigración debería ser el brazo especializado de decisiones jurídicamente fundadas, nunca un tribunal de pertenencia nacional. Los deberes individuales
corresponden a personas y conductas demostrables; la valoración de la residencia exige una norma aplicable, un expediente y una autoridad competente; la ejecución necesita medios operativos, controles y garantías. El Estado no sería más soberano por detener a más personas ni menos soberano por respetar una decisión judicial: demostraría su capacidad al reconocer correctamente quién puede permanecer y al ejecutar, cuando corresponda, lo que la ley permite. Así se entiende la relación entre integración y ReImmigrazione: no dos consignas contrapuestas, sino dos posibles resultados de un sistema cuya finalidad principal es favorecer la integración efectiva y cuya autoridad se ejerce dentro del derecho.

Avv. Fabio Loscerbo

Abogado habilitado para actuar ante el Tribunal Supremo de Casación de Italia

Inscrito en el Registro de representantes de intereses de la Cámara de Diputados de Italia en materia de inmigración

Representante de intereses inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea n.º 280782895721-36 en materia de Migración y Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Artículo redactado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial, bajo la dirección, revisión y responsabilidad editorial del autor.

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