Los datos laborales publicados a comienzos de octubre ofrecen una primera fotografía especialmente relevante del proceso extraordinario de regularización en España. A 30 de septiembre de 2026, 421.306 extranjeros procedentes de la regularización figuraban de alta en la Seguridad Social. Al mismo tiempo, 56.476 personas acogidas al mismo proceso constaban inscritas como desempleadas en el Servicio Público de Empleo Estatal, y el 52 % de ellas llevaba menos de un mes registrada. Las dos cifras son ciertas y, precisamente por eso, ninguna debería utilizarse de manera aislada para declarar un éxito definitivo o un fracaso de la regularización.
La primera conclusión es evidente: el acceso a la legalidad puede facilitar una incorporación masiva al empleo formal. Una persona que sale de la irregularidad puede cotizar, celebrar contratos con mayor seguridad jurídica, acceder a mecanismos ordinarios de protección social y abandonar espacios laborales donde la vulnerabilidad administrativa favorece el trabajo no declarado y la explotación. Los más de 421.000 afiliados procedentes del proceso extraordinario constituyen, desde este punto de vista, un dato material que debe ser tomado en serio.
Pero la existencia simultánea de 56.476 personas inscritas como desempleadas recuerda que regularizar no equivale automáticamente a integrar. Tampoco el desempleo registrado demuestra por sí mismo lo contrario. Más de la mitad de estas personas llevaba menos de un mes inscrita en el SEPE, de modo que una fotografía tomada inmediatamente después de una transformación administrativa de gran escala no permite todavía conocer la estabilidad de sus trayectorias laborales. Lo relevante será observar qué ocurre después de seis meses, un año, dos años y cinco años.
Aquí aparece una de las ideas centrales del Paradigma Integración o ReInmigración: una política migratoria no debería evaluarse únicamente por el número de permisos concedidos, por el número de contratos firmados o por una cifra puntual de desempleo. Debe seguir la trayectoria individual y colectiva que comienza con la entrada o la regularización y continúa con el trabajo real, el aprendizaje lingüístico, la autonomía económica posible, el cumplimiento de las reglas, la formación, la vivienda, la escolarización de los hijos y la participación efectiva en la sociedad.
El trabajo ocupa un lugar importante en esa trayectoria, pero no puede convertirse en su único criterio. Una persona puede estar empleada y permanecer atrapada en condiciones extremadamente precarias; otra puede perder temporalmente su empleo después de años de cotización sin que ello destruya automáticamente su integración. Del mismo modo, una persona recién regularizada e inscrita durante unas semanas como demandante de empleo no puede ser considerada, por ese solo dato, un fracaso de la política migratoria. Medir integración exige tiempo, contexto y varios indicadores.
La experiencia española permite además superar una visión puramente economicista de la inmigración. Que cientos de miles de personas regularizadas entren en la Seguridad Social tiene efectos fiscales y laborales relevantes, pero la cuestión pública no termina ahí. Si la permanencia va a consolidarse, España deberá valorar también la capacidad de sus servicios, la formación, el acceso a la vivienda, la integración escolar, la movilidad laboral y la evolución de los salarios y de las condiciones de empleo. Un trabajador extranjero no es únicamente una cotización: es una persona que puede construir una relación duradera con la comunidad en la que vive.
El Paradigma Integración o ReInmigración propone por ello una evaluación longitudinal. El Estado debe ofrecer instrumentos reales de integración y medir posteriormente su utilización y sus resultados. Esta responsabilidad es recíproca pero temporalmente asimétrica: primero deben existir oportunidades accesibles de lengua, formación y participación; después puede exigirse a la persona una conducta responsable frente a esos instrumentos. La integración deja así de ser una palabra abstracta y se convierte en una trayectoria verificable.
Este enfoque también evita dos lecturas opuestas pero igualmente simplificadoras de la regularización española. No basta afirmar que 421.306 afiliados prueban que toda regularización produce integración; tampoco es correcto presentar a 56.476 inscritos en paro como demostración de que el proceso ha fracasado. Son indicadores distintos, tomados en un momento todavía temprano, y deben ser seguidos conjuntamente. La pregunta seria no es únicamente cuántos trabajan hoy, sino cuántos mantendrán una trayectoria laboral estable, cuántos mejorarán su posición profesional, cuántos utilizarán los instrumentos de integración y qué costes y beneficios producirá el proceso a medio y largo plazo.
España dispone ahora de una oportunidad poco frecuente para medir una política migratoria casi en tiempo real. Si los datos de Seguridad Social, empleo, formación, escolarización y autonomía se observan de manera longitudinal, la regularización extraordinaria puede convertirse también en un laboratorio de evaluación pública. El Paradigma Integración o ReInmigración parte precisamente de esa exigencia: no juzgar a las personas por su origen ni las políticas por una sola cifra, sino comprobar qué trayectorias producen realmente integración, estabilidad y pertenencia.
Fuentes: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, datos de afiliación a 30 de septiembre de 2026; Ministerio de Trabajo y Economía Social / SEPE, datos de paro registrado de septiembre de 2026.
Avv. Fabio Loscerbo
Abogado habilitado para actuar ante el Tribunal Supremo de Casación italiano
Inscrito en el Registro de representantes de intereses de la Cámara de Diputados italiana en materia de Inmigración
Lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea n.º 280782895721-36 en materia de Migración y Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Artículo redactado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial, bajo la dirección, revisión y responsabilidad editorial del autor.
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