Giorno: 21 Maggio 2026

Resumen

El debate europeo sobre inmigración está cada vez más polarizado entre dos modelos opuestos: el multiculturalismo sin límites y las propuestas de «remigración». Sin embargo, en Italia se está desarrollando una evolución jurídica diferente a través de la llamada «protección complementaria», basada en la tutela de la vida privada y familiar reconocida por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las recientes decisiones de los Tribunales de Bolonia y Venecia en 2026 muestran que los jueces italianos continúan reconociendo protección jurídica a extranjeros que han alcanzado un nivel concreto de integración social y laboral, incluso después de las reformas restrictivas introducidas por el Decreto Cutro de 2023. Este artículo explica al público español e hispanoamericano la diferencia entre el concepto político de «remigración» y el paradigma «Integración o ReImmigration», sosteniendo que este último no se basa en criterios colectivos o identitarios, sino en una evaluación jurídica individualizada centrada en la integración efectiva.

Para muchos observadores europeos, el debate actual sobre inmigración parece cada vez más dominado por posiciones extremas. Conceptos como multiculturalismo, deportaciones masivas, integración o remigración suelen utilizarse como si fueran equivalentes, aunque en realidad representan modelos jurídicos y políticos profundamente distintos.

Italia constituye hoy uno de los ejemplos más interesantes de transformación del derecho migratorio europeo.

En los últimos años, los tribunales italianos han comenzado a desarrollar una jurisprudencia que coloca la integración concreta del extranjero en el centro de la evaluación jurídica. Esta evolución aparece principalmente a través de la denominada «protezione complementare», es decir, protección complementaria.

En 2023, el gobierno italiano aprobó el llamado «Decreto Cutro», una reforma restrictiva destinada a limitar las formas de protección humanitaria. Muchos observadores consideraron inicialmente que la protección basada en la vida privada y familiar había desaparecido prácticamente del sistema italiano.

Sin embargo, los tribunales italianos comenzaron a interpretar la reforma de forma diferente.

Las decisiones emitidas por los Tribunales de Bolonia y Venecia en 2026 muestran claramente que los jueces siguen considerando que las obligaciones constitucionales e internacionales de Italia exigen la protección de extranjeros que hayan desarrollado vínculos reales con la sociedad italiana.

Es precisamente aquí donde aparece la diferencia entre «remigración» e «Integración o ReImmigration».

La «remigración», concepto cada vez más presente en algunos debates europeos, suele basarse en la idea del retorno masivo de extranjeros a sus países de origen independientemente de su nivel individual de integración. En la práctica, este concepto responde frecuentemente a una lógica colectiva o identitaria.

El paradigma «Integración o ReImmigration», por el contrario, funciona mediante una evaluación jurídica individualizada.

En este modelo, la permanencia en el país depende de elementos concretos y verificables: trabajo regular, conocimiento de la lengua, participación social, estabilidad habitacional, respeto de las normas colectivas y ausencia de peligrosidad social.

No se trata, por tanto, de una política de expulsión generalizada, sino de un sistema en el que la permanencia se vincula a la integración efectiva.

Esta diferencia no es únicamente teórica. Ya aparece claramente en la jurisprudencia italiana reciente.

En el decreto emitido por el Tribunal de Venecia el 30 de abril de 2026, el tribunal reconoció protección complementaria a un ciudadano marroquí debido a su integración social y laboral en Italia.

El Tribunal afirmó expresamente que, incluso después de la reforma de 2023, los artículos 5 y 19 de la legislación italiana sobre inmigración deben seguir interpretándose a la luz de las obligaciones constitucionales y del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Especialmente relevante resulta la afirmación según la cual la integración no exige un proceso completamente concluido. Basta con la existencia de «circunstancias claras, precisas y concordantes» que demuestren una auténtica trayectoria de integración social.

Las decisiones del Tribunal de Bolonia de 23 de abril y 6 de mayo de 2026 siguen exactamente la misma línea.

En uno de los casos, el tribunal valoró especialmente la existencia de empleo estable, vivienda autónoma, actividades de voluntariado con la Cruz Roja Italiana, cursos de formación profesional y conocimiento de la lengua italiana.

En otro procedimiento, los jueces consideraron el trabajo continuo, el incremento progresivo de ingresos e incluso la compra de una vivienda en Italia como prueba de una integración profunda en la sociedad italiana.

Estas decisiones muestran una transformación importante del derecho migratorio italiano.

Durante muchos años, el debate se centró casi exclusivamente en las condiciones de entrada al territorio nacional. Hoy, en cambio, la cuestión central comienza a ser otra: según qué criterios un extranjero puede permanecer de forma estable en el país.

La protección complementaria se convierte así en un mecanismo jurídico de evaluación de la integración.

El paradigma «Integración o ReImmigration» rechaza tanto el multiculturalismo ilimitado como las expulsiones automáticas e indiscriminadas. En su lugar, propone un modelo intermedio basado en criterios jurídicamente verificables de integración efectiva.

Esta evolución resulta especialmente interesante para el público español e hispanoamericano, porque muchos países occidentales enfrentan hoy tensiones similares entre integración, control migratorio y debates identitarios.

La experiencia italiana sugiere la posibilidad de una tercera vía: un sistema en el que la integración deje de ser un simple eslogan político y se convierta en un criterio jurídico concreto.

En este modelo, la integración no es simbólica ni ideológica. Se transforma en un proceso objetivamente evaluable a través del trabajo, la participación social, la estabilidad personal, el aprendizaje lingüístico y la inserción efectiva en la comunidad nacional.

La reciente jurisprudencia italiana demuestra así que incluso dentro de un sistema migratorio más restrictivo los tribunales pueden continuar protegiendo la dignidad humana y la vida privada de extranjeros realmente integrados en la sociedad.

Precisamente por ello, la protección complementaria se ha convertido hoy en uno de los laboratorios jurídicos más importantes del derecho migratorio europeo contemporáneo.

Avv. Fabio Loscerbo
Abogado y lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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• Protezione complementare e integrazione: perché “Integrazione o ReImmigrazione” non è remigrazione

Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast “Integración o ReInmigración”. Soy el abogado Fabio Loscerbo.

Italia está debatiendo actualmente una importante reforma del derecho de inmigración conocida como DDL Seguridad 1869. Muchos observadores se concentran principalmente en las expulsiones, el control fronterizo y las medidas de seguridad. Sin embargo, dentro del sistema jurídico italiano se está desarrollando una transformación mucho más profunda.

En el centro de este cambio aparece un concepto cada vez más importante: la “protección complementaria”.

Para el público español es importante entender que esta figura no coincide exactamente ni con el asilo clásico ni con las formas tradicionales de protección humanitaria. Italia está construyendo progresivamente un modelo en el que el derecho a permanecer en el territorio depende no solo del peligro existente en el país de origen, sino también del nivel real de integración alcanzado dentro de la sociedad italiana.

Esto significa que factores como el trabajo estable, los ingresos regulares, el conocimiento de la lengua italiana, la estabilidad de vivienda, las relaciones familiares y sociales, el respeto de las normas jurídicas y la ausencia de peligrosidad social adquieren cada vez más importancia en la evaluación del derecho de permanencia.

El artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege la vida privada y familiar, desempeña un papel central en este proceso. Los tribunales italianos evalúan cada vez más no solo los riesgos de un posible retorno al país de origen, sino también la vida social y familiar que la persona ha construido en Italia y que podría destruirse mediante una expulsión.

Es precisamente en este contexto donde surge el paradigma “Integración o ReInmigración”.

No se trata de inmigración sin límites ni de expulsiones masivas indiscriminadas. Italia parece avanzar hacia un modelo de permanencia selectiva. Los inmigrantes que logran una integración real fortalecen progresivamente su posición jurídica gracias a la protección complementaria. Quienes no desarrollan vínculos reales con la sociedad italiana corren el riesgo de entrar en el ámbito del retorno y la expulsión.

Esta evolución puede representar uno de los cambios más importantes del derecho europeo de inmigración. El sistema se está transformando progresivamente desde un modelo basado principalmente en la entrada y el estatus administrativo hacia un modelo centrado cada vez más en la integración dentro de la sociedad de acogida.

La protección complementaria se está convirtiendo así en el principal instrumento jurídico de esta transformación.

Soy el abogado Fabio Loscerbo y este fue un nuevo episodio del podcast “Integración o ReInmigración”.

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Il Bangladesh è oggi la principale nazionalità degli sbarchi via mare in Italia nel 2026. Il dato ha un impatto enorme non soltanto sotto il profilo statistico, ma soprattutto dal punto di vista giuridico e istituzionale. Per anni il dibattito pubblico si è concentrato quasi esclusivamente sull’arrivo degli stranieri nel territorio nazionale. Molto meno attenzione è stata invece dedicata alla fase successiva, cioè a ciò che accade concretamente dopo l’ingresso in Italia.

Ed è proprio questa la vera questione irrisolta del sistema migratorio italiano.

Una volta sbarcato, il cittadino bengalese entra all’interno di una macchina amministrativa complessa fatta di identificazione, richiesta di protezione internazionale, trasferimenti nei centri di accoglienza, convocazioni davanti alle Commissioni territoriali, eventuali ricorsi giudiziari e successivi tentativi di stabilizzazione sul territorio. Formalmente il sistema è costruito per valutare singole domande individuali. Nella realtà, però, si trova a gestire fenomeni collettivi e strutturali.

Nel caso della comunità bengalese questo elemento è particolarmente evidente. Una parte significativa degli ingressi confluisce infatti nel sistema della protezione internazionale pur provenendo da un Paese che presenta percentuali relativamente basse di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Di conseguenza, ciò che accade dopo l’ingresso non coincide quasi mai con il modello teorico immaginato dal legislatore.

Molti procedimenti finiscono infatti per trasformarsi in percorsi di integrazione sociale e lavorativa sviluppati durante la permanenza in Italia. Il richiedente trova occupazione, costruisce relazioni sociali, apprende la lingua italiana, instaura rapporti lavorativi stabili e, con il passare del tempo, consolida un radicamento concreto nel territorio nazionale. È in questo spazio che assume rilievo la protezione complementare fondata sull’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione e sulla tutela della vita privata e familiare prevista dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Il punto centrale è che il sistema italiano non sembra avere una strategia chiara rispetto a questa trasformazione. Lo Stato gestisce l’ingresso, ma non definisce in modo preciso cosa debba accadere dopo. Non esiste una vera politica nazionale dell’integrazione capace di stabilire parametri oggettivi e verificabili.

Il lavoro viene spesso considerato il principale elemento di radicamento, ma non basta. L’integrazione reale dovrebbe includere anche conoscenza linguistica, rispetto delle regole fondamentali dell’ordinamento, stabilità abitativa, assenza di pericolosità sociale e partecipazione effettiva alla vita della comunità nazionale. Oggi, invece, questi elementi vengono valutati quasi esclusivamente all’interno dei singoli procedimenti giudiziari, senza una visione sistemica.

Il caso Bangladesh dimostra allora un problema molto più profondo: l’Italia possiede un sistema di ingresso, ma non un modello di integrazione.

L’intero impianto normativo continua infatti a muoversi tra due estremi opposti. Da un lato vi è la retorica emergenziale sugli sbarchi; dall’altro una progressiva stabilizzazione sociale di comunità straniere ormai strutturali nel tessuto economico italiano. Tra queste due dimensioni manca però un vero criterio giuridico che disciplini la permanenza nel lungo periodo.

Ed è qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” prova ad introdurre una logica differente. Se una comunità rappresenta una quota così elevata degli ingressi annuali, l’integrazione non può più essere lasciata alla casualità delle singole vicende amministrative. Deve diventare un obiettivo giuridico preciso, fondato su parametri misurabili.

La permanenza stabile dovrebbe essere collegata non soltanto alla presenza fisica nel territorio o alla mera esistenza di un contratto di lavoro, ma ad un percorso concreto di integrazione linguistica, sociale e normativa. Parallelamente, il sistema dovrebbe prevedere strumenti effettivi di ReImmigrazione nei confronti di chi non raggiunge alcun livello significativo di integrazione o manifesta incompatibilità sostanziali con le regole fondamentali dello Stato ospitante.

Il dato sugli sbarchi dal Bangladesh, quindi, non rappresenta soltanto una questione numerica. È il segnale che il diritto dell’immigrazione italiano sta entrando in una nuova fase storica. Una fase nella quale non sarà più sufficiente discutere soltanto di ingressi, quote o rimpatri, ma diventerà inevitabile affrontare la questione centrale: quale modello di integrazione vuole realmente costruire l’Italia?

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea — ID 280782895721-36
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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