Pedro Sánchez ha convertido a España en el vientre blando de Europa: ahora se esconde detrás de la coartada de las mafias

Pedro Sánchez ha calificado la entrada masiva registrada en Ceuta como una violación y un ataque contra la integridad territorial de España. El Gobierno ha anunciado el empleo de todos los recursos del Estado para recuperar el control de la frontera y acelerar la repatriación de quienes entraron irregularmente.

La defensa de la soberanía nacional es necesaria. Ceuta no es una zona indefinida ni una simple plataforma desde la que acceder a la Península: es una ciudad española, una frontera exterior de la Unión Europea y un territorio cuya seguridad corresponde garantizar al Estado.

Pero precisamente por eso no basta con desplegar policías, militares y medios materiales cuando la frontera ya ha sido desbordada. La soberanía también exige coherencia política, previsibilidad normativa y capacidad para valorar los efectos que las decisiones adoptadas en Madrid producen fuera de nuestras fronteras.

El Ministerio del Interior atribuye la movilización a las redes de tráfico de personas, acusadas de instrumentalizar una sentencia judicial para fomentar la llegada de migrantes, en su mayoría jóvenes.

Las organizaciones criminales existen. Explotan la necesidad, organizan travesías peligrosas, difunden informaciones falsas y obtienen beneficios económicos de la inmigración irregular. Su persecución debe ser firme.

Sin embargo, mencionar a las mafias no puede convertirse en una respuesta automática que cierre cualquier discusión sobre las responsabilidades del Gobierno.

La cuestión no consiste únicamente en determinar quién difundió determinados mensajes. La verdadera pregunta es por qué decenas de miles de personas pudieron llegar a creer que España era, en ese momento, la frontera más accesible de Europa.

Las primeras reconstrucciones apuntan a que la movilización estuvo alimentada por rumores, vídeos y mensajes difundidos mediante las redes sociales. Entre los jóvenes marroquíes circuló la interpretación de que una reciente resolución judicial española impedía las devoluciones inmediatas y permitía permanecer en territorio español. Aquella lectura era inexacta, porque la resolución no eliminaba las posibilidades de retorno, sino que exigía seguir los procedimientos legales ordinarios.

Si estos hechos se confirman, no resulta serio presentar todo el movimiento como una operación exclusivamente organizada por redes mafiosas. Al menos una parte de las personas parece haberse desplazado por un fenómeno de llamamiento colectivo y contagio digital.

Las redes sociales pueden mover a miles de personas en pocas horas sin que exista necesariamente una organización centralizada que controle cada desplazamiento.

Esto no excluye la intervención de traficantes. Significa que su participación debe acreditarse y no simplemente presumirse para construir una explicación políticamente cómoda.

La percepción de apertura no nació en las redes sociales

Los rumores sobre Ceuta no aparecieron en el vacío. Se difundieron dentro de un contexto político previamente creado por el propio Gobierno español.

La Administración de Pedro Sánchez ha impulsado una regularización extraordinaria destinada a permitir que centenares de miles de extranjeros que ya se encontraban irregularmente en España soliciten una autorización de residencia y trabajo. La medida fue presentada como una respuesta a las necesidades del mercado laboral, la economía sumergida y la presencia consolidada de personas que ya vivían en el país.

La regularización de personas realmente integradas puede responder a razones económicas, sociales y administrativas legítimas. Un Estado no está obligado a mantener indefinidamente en la irregularidad a quienes trabajan, carecen de antecedentes y han construido vínculos efectivos con la sociedad.

Pero tampoco puede ignorar el efecto comunicativo de una regularización masiva.

Las normas migratorias no se conocen en los países de origen mediante una lectura técnica del Boletín Oficial del Estado. Se transmiten a través de frases breves, vídeos y mensajes simplificados:

«España está dando papeles».

«España regulariza a quienes han entrado sin autorización».

«Si consigues llegar y permanecer, con el tiempo podrás obtener una residencia».

Puede tratarse de afirmaciones incompletas. Pueden omitir los requisitos, las fechas de corte y las exclusiones previstas por la ley. Pero son precisamente esas versiones simplificadas las que influyen en las expectativas y en los comportamientos.

No es posible afirmar, sin más pruebas, que la regularización haya causado directamente la crisis de Ceuta. Las llegadas también están relacionadas con la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo juvenil en Marruecos, las relaciones diplomáticas entre ambos países y la difusión de una interpretación incorrecta de la jurisprudencia española.

Pero tampoco resulta creíble sostener que una regularización de enorme alcance no produzca ninguna consecuencia sobre la percepción internacional de España.

Las políticas públicas envían señales. Negarlo no es humanidad, sino ingenuidad.

España no puede ser simultáneamente una excepción abierta y una frontera fuerte

Sánchez ha querido presentar a España como una excepción dentro de una Europa cada vez más restrictiva. Su Gobierno ha defendido que la inmigración resulta necesaria para la economía y que la regularización permite reconocer una realidad laboral y social que ya existe.

Ese planteamiento puede discutirse democráticamente. Lo que no puede hacerse es defender una política de apertura sin asumir los riesgos derivados del mensaje que genera.

España ha sido percibida como el país europeo más dispuesto a transformar posteriormente una presencia irregular en una residencia legal. Esa percepción, aunque no coincida exactamente con el contenido de las normas, debilita el efecto disuasorio de la frontera.

Por eso Sánchez ha convertido a España en el vientre blando de Europa.

No porque la Guardia Civil, la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas no cumplan con su deber. Al contrario: son precisamente los agentes quienes terminan enfrentándose a las consecuencias operativas de decisiones políticas adoptadas sin una estrategia suficientemente coherente.

El problema se encuentra en el mensaje emitido desde el poder: primero se anuncia una regularización de grandes dimensiones; después se rechaza cualquier relación entre las políticas de apertura y las nuevas expectativas migratorias; finalmente, cuando la frontera se desborda, se invocan la integridad territorial, la soberanía y la responsabilidad exclusiva de las mafias.

Este esquema no constituye una política migratoria. Es una sucesión de contradicciones.

Ceuta demuestra que la inmigración no se gobierna mediante eslóganes

La crisis de Ceuta ha dejado víctimas mortales, situaciones de enorme sufrimiento y una ciudad sometida a una presión material difícilmente soportable. Las autoridades españolas tuvieron que desplegar medios extraordinarios, mientras decenas de miles de personas regresaron posteriormente a Marruecos o quedaron sometidas a procedimientos de devolución.

No hay nada humano en permitir que miles de jóvenes crean que pueden alcanzar Europa nadando, atravesando espigones o rompiendo una frontera.

Una política responsable debe reducir esas falsas expectativas antes de que las personas arriesguen la vida.

Para ello, España necesita reglas comprensibles y estables. Debe quedar claro que la entrada irregular no genera automáticamente un derecho futuro a permanecer, pero también que quien trabaja, respeta las leyes y acredita una integración efectiva puede encontrar una vía legal y transparente.

Este es el sentido del paradigma de Integración o ReImmigración.

Integración para quienes construyen una relación real con España, participan en su economía, respetan su ordenamiento y comparten las reglas fundamentales de la convivencia.

ReImmigración —es decir, retorno organizado, jurídicamente garantizado y respetuoso con la dignidad humana— para quienes no tienen derecho a permanecer o no reúnen las condiciones necesarias para consolidar su estancia.

La alternativa no está entre fronteras inexistentes y expulsiones indiscriminadas. Está entre una inmigración gobernada y el caos producido por señales contradictorias.

Las mafias no pueden borrar la responsabilidad política

Pedro Sánchez tiene el deber de perseguir a quienes hayan engañado, explotado o puesto en peligro la vida de los migrantes. También debe exigir la colaboración efectiva de Marruecos y proteger la integridad territorial española.

Pero no puede esconderse detrás de las mafias para evitar una reflexión sobre las consecuencias de su propia política.

Las redes criminales pueden haber aprovechado los mensajes difundidos en internet. Sin embargo, la credibilidad de esos mensajes dependía de una idea previa: que España era un país donde entrar irregularmente podía ofrecer más posibilidades de permanecer que en otros Estados europeos.

Esa percepción no fue creada únicamente por un vídeo de Instagram. Fue alimentada por las decisiones, las declaraciones y las contradicciones del Gobierno.

Ceuta demuestra que la soberanía no se defiende solamente cuando llegan las cámaras y se despliega el Ejército. Se defiende antes, mediante políticas que no conviertan la excepción en una expectativa permanente.

Pedro Sánchez ha convertido a España en el vientre blando de Europa. La coartada de las mafias no puede ocultar su responsabilidad política.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea n.º 280782895721-36, en materia de Migración y Asilo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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