Por qué Italia necesita una Policía de Inmigración y un Ministerio de la Integración y la ReInmigración

Para muchos españoles, el debate sobre la inmigración resulta familiar. España e Italia comparten una posición geográfica estratégica en el Mediterráneo y, desde hace décadas, se encuentran entre los principales puntos de entrada a Europa para personas procedentes de África, Oriente Medio y Asia. Ambos países han debido afrontar desafíos relacionados con el control de fronteras, la integración social, el mercado laboral y la gestión de los flujos migratorios.

Sin embargo, la experiencia italiana ha puesto de manifiesto un problema específico que merece una reflexión más profunda: la ausencia de instituciones especializadas capaces de medir la integración de los inmigrantes y de gestionar de manera coherente todo el proceso migratorio.

Esta cuestión se hizo especialmente visible a raíz de una resolución dictada por el Tribunal de Trieste en junio de 2026.

En aquel caso, el tribunal debía decidir sobre la legalidad de la permanencia de un ciudadano extranjero en un Centro de Permanencia para la Repatriación. Para adoptar su decisión, el juez no se limitó a examinar aspectos administrativos o antecedentes penales. Tuvo que reconstruir una trayectoria vital de más de veinte años en Italia, analizando la situación laboral de la persona, sus vínculos familiares, su vivienda, su arraigo social y su relación con la comunidad italiana.

En otras palabras, el tribunal tuvo que realizar una auténtica evaluación de integración.

Y aquí surge una pregunta fundamental.

¿Por qué esta evaluación se realiza únicamente cuando una persona ya se encuentra en la fase final de un procedimiento que puede conducir a su expulsión?

Un Estado moderno debería ser capaz de conocer estos elementos mucho antes.

Actualmente, distintas administraciones italianas poseen información parcial. Las autoridades policiales gestionan los permisos de residencia. Los municipios conservan los registros de empadronamiento. Las escuelas conocen los itinerarios educativos. Los organismos de seguridad social disponen de los datos laborales. Los servicios sociales intervienen en situaciones de vulnerabilidad.

Sin embargo, ninguna institución tiene la responsabilidad específica de reunir toda esta información para elaborar una valoración global del grado de integración de una persona.

Italia dispone de datos, pero carece de un sistema capaz de transformarlos en una verdadera política pública.

Por esta razón llevo años defendiendo un modelo basado en un principio sencillo: Integración o ReInmigración.

La integración no puede seguir siendo un concepto abstracto o una aspiración genérica. Debe convertirse en una realidad medible. El conocimiento de la lengua italiana, la estabilidad laboral, el respeto de las normas, la participación en la vida social y la existencia de vínculos familiares sólidos deberían constituir indicadores objetivos para evaluar el grado de integración de una persona.

Quienes se integran deben poder construir su futuro en Italia. Por el contrario, quienes rechazan de manera sistemática cualquier proceso de integración no deberían permanecer indefinidamente en el territorio nacional.

Pero para aplicar este principio se necesitan instituciones adecuadas.

La primera reforma necesaria sería la creación de una Policía de Inmigración.

No se trataría simplemente de una nueva fuerza policial. Su función sería acompañar y supervisar todo el proceso migratorio, desde la llegada al país hasta la obtención de una residencia estable o el retorno al país de origen. Desarrollaría competencias específicas en materia de inmigración, identificación, control documental, seguimiento de los procesos de integración y cooperación internacional.

La segunda reforma sería la creación de un Ministerio de la Integración y la ReInmigración.

Este ministerio tendría la responsabilidad de definir criterios nacionales de integración, coordinar las políticas públicas relacionadas con la inmigración, supervisar los resultados obtenidos y diseñar estrategias a largo plazo. Al mismo tiempo, asumiría la organización de los procesos de ReInmigración para aquellas personas que no alcancen los niveles mínimos de integración exigidos por el ordenamiento jurídico.

El objetivo no sería aumentar la burocracia, sino superar la actual fragmentación de competencias.

Hoy Italia suele reaccionar ante las consecuencias de la inmigración. Lo que necesita es una capacidad real para gobernarla.

La principal enseñanza del caso de Trieste es precisamente ésta. El problema no comienza en un centro de repatriación. El problema se encuentra en los años anteriores, cuando el Estado debería ser capaz de evaluar si una persona se está integrando o no.

Un país que quiera gestionar eficazmente la inmigración debe disponer de herramientas para medir la integración, detectar los fracasos y actuar de forma coherente.

Sin instituciones especializadas, las políticas migratorias corren el riesgo de quedar atrapadas permanentemente en una lógica de emergencia.

Para Italia, la creación de una Policía de Inmigración y de un Ministerio de la Integración y la ReInmigración representaría el paso de una gestión reactiva de la inmigración a una auténtica estrategia de gobierno.

Y probablemente esa sea la reforma más importante que el país deberá afrontar en los próximos años.

Avv. Fabio Loscerbo

Lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea

ID 280782895721-36

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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