En el debate europeo sobre inmigración, la atención pública suele centrarse en cuestiones inmediatas: el control de las fronteras, las solicitudes de asilo o la distribución de los solicitantes entre los distintos Estados miembros. Sin embargo, detrás de estas discusiones existe una cuestión estructural mucho más profunda que afecta al futuro económico y social de…
L’Union européenne est en train de transformer profondément la nature de son action extérieure. Avec l’instrument « Global Europe », actuellement en cours d’adoption dans le cadre du processus législatif européen, le budget de l’Union cesse d’être un simple outil financier pour devenir un véritable levier de contrôle politique des États tiers. Pour un public…
En el debate europeo sobre inmigración, la atención pública suele centrarse en cuestiones inmediatas: el control de las fronteras, las solicitudes de asilo o la distribución de los solicitantes entre los distintos Estados miembros. Sin embargo, detrás de estas discusiones existe una cuestión estructural mucho más profunda que afecta al futuro económico y social de Europa: la evolución demográfica y la sostenibilidad de los sistemas de bienestar.
Italia representa hoy uno de los casos más significativos de este fenómeno.
Según las proyecciones demográficas publicadas por Eurostat, varios países europeos experimentarán una reducción importante de la población en edad de trabajar durante las próximas décadas. Italia se encuentra entre los países más expuestos a esta tendencia. Las estimaciones publicadas en 2025 indican que la población entre 15 y 64 años podría disminuir alrededor de un 7 % antes de 2035.
Las proyecciones nacionales del Istituto Nazionale di Statistica incluso hablan de una reducción superior al 8 %.
Traducido en términos concretos, esto significa que Italia podría perder alrededor de 1,2 millones de trabajadores activos en los próximos diez años.
Para comprender la magnitud de este fenómeno, es necesario recordar cómo funciona el modelo social europeo. Los sistemas de bienestar —pensiones, sanidad pública y prestaciones sociales— se financian principalmente a través de los impuestos y las cotizaciones de las personas que trabajan.
Cuando la población activa disminuye mientras aumenta el número de personas jubiladas, el equilibrio financiero del sistema se vuelve cada vez más difícil de mantener.
En este contexto, la inmigración suele presentarse como una posible solución al declive demográfico. En teoría, la llegada de nuevos trabajadores puede contribuir a sostener el mercado laboral y a financiar el sistema de bienestar.
Sin embargo, el resultado depende de un factor decisivo: el nivel real de integración económica y social de las personas inmigrantes.
Cuando los inmigrantes logran integrarse plenamente en el mercado laboral, su contribución puede ser positiva para la economía. Pero cuando la integración es débil o incompleta, el efecto puede ser el contrario: aumento del gasto público en asistencia social, sanidad, políticas urbanas y seguridad.
Diversos análisis económicos de la Banca d’Italia indican que en escenarios donde una parte significativa de la población inmigrante permanece durante largos períodos fuera del mercado laboral, el impacto fiscal puede ser considerable.
En tales condiciones, Italia podría enfrentarse a un aumento del gasto público de entre 25 y 30 mil millones de euros anuales hacia 2035.
Una parte importante de estos costes estaría vinculada a las prestaciones sociales y al sistema sanitario, mientras que otra parte estaría relacionada con las políticas públicas destinadas a gestionar situaciones de exclusión social en determinadas áreas urbanas.
Este fenómeno no es exclusivo de Italia. En varios países europeos se han observado dinámicas similares. En Suecia, por ejemplo, el Estado ha tenido que destinar importantes recursos públicos a la gestión de las llamadas “zonas vulnerables”, donde las dificultades de integración social y económica son particularmente evidentes.
Por tanto, el verdadero problema no es la inmigración en sí misma.
La cuestión central es si existe una relación clara entre el derecho a permanecer en el país y un proceso real de integración.
Durante mucho tiempo, muchas políticas migratorias europeas se basaron en una suposición implícita: una vez que una persona entra en el país, su permanencia tiende a convertirse en permanente con el paso del tiempo. La integración se consideraba un objetivo deseable, pero rara vez una condición jurídica para mantener el permiso de residencia.
Hoy esta visión muestra cada vez más sus límites.
En el ordenamiento jurídico italiano existe ya un precedente interesante. El sistema de protección complementaria prevé que las autoridades evalúen concretamente el nivel de integración social y laboral de la persona solicitante.
Este enfoque introduce un principio fundamental: la integración no se presume, debe demostrarse.
A partir de esta observación he propuesto el paradigma que denomino “Integración o ReImmigración”.
Este concepto se basa en un principio de responsabilidad recíproca entre el Estado y la persona extranjera que entra en el territorio. El Estado ofrece oportunidades de integración —acceso al empleo, aprendizaje del idioma, participación en la vida social— y, a cambio, se espera que la persona desarrolle un verdadero proceso de integración.
Si este proceso no se produce dentro de un plazo razonable, el sistema jurídico debería poder prever mecanismos de retorno al país de origen.
Una posible solución podría consistir en introducir un contrato de integración reforzado, cuya aplicación se evalúe tras un período aproximado de dos años. Si en ese tiempo no se observan progresos concretos —empleo estable, conocimiento del idioma y participación social— el derecho de residencia podría extinguirse.
Este mecanismo no debería interpretarse como una sanción, sino como un instrumento de gestión racional de la inmigración destinado a proteger la sostenibilidad del Estado del bienestar.
La alternativa sería continuar gestionando la inmigración sin criterios claros de integración. En ese caso, los riesgos no serían únicamente económicos. También podrían aparecer tensiones sociales, fragmentación urbana y una creciente pérdida de confianza en las instituciones públicas.
Por ello, la cuestión fundamental para Italia —y cada vez más para otros países europeos— no es simplemente si debe existir inmigración.
La verdadera pregunta es otra: ¿la inmigración genera realmente integración?
Un país que envejece rápidamente y que podría perder más de un millón de trabajadores en una década difícilmente puede permitirse un modelo migratorio que no produzca una verdadera participación económica y social.
Desde esta perspectiva, el paradigma Integración o ReImmigración no debe interpretarse como una postura ideológica, sino como una reflexión pragmática ante uno de los mayores desafíos demográficos de la Europa contemporánea.
Avv. Fabio Loscerbo Abogado – Lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea ID 280782895721-36
L’Union européenne est en train de transformer profondément la nature de son action extérieure. Avec l’instrument « Global Europe », actuellement en cours d’adoption dans le cadre du processus législatif européen, le budget de l’Union cesse d’être un simple outil financier pour devenir un véritable levier de contrôle politique des États tiers.
Pour un public français, il convient de le dire clairement : il ne s’agit plus seulement de coopération ou d’aide au développement, mais d’un mécanisme structuré de conditionnalité. L’accès aux financements européens est désormais explicitement lié au respect de critères politiques, institutionnels et stratégiques définis par l’Union.
Au cœur du système se trouve une logique simple : les États bénéficiaires doivent démontrer leur conformité. Démocratie, État de droit, droits fondamentaux — mais aussi coopération sur des enjeux sensibles, notamment la gestion des flux migratoires. En cas de non-respect, les financements peuvent être réduits, suspendus ou réorientés.
Il s’agit donc d’un instrument de gouvernance par l’incitation.
Cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large : l’externalisation des politiques européennes. L’Union n’agit plus uniquement sur son territoire, mais en amont, dans les pays d’origine et de transit, afin d’influencer les dynamiques migratoires avant qu’elles n’atteignent ses frontières. La gestion des migrations devient ainsi une question de politique extérieure, intégrée dans les relations financières avec les États tiers.
D’un point de vue juridique, cette transformation est majeure. L’Union ne se contente pas d’exporter des normes, elle exporte un modèle de comportement. Par le biais de la conditionnalité financière, elle oriente les politiques publiques des États partenaires, étendant ainsi son influence bien au-delà de son espace juridique.
Mais cette cohérence externe révèle une incohérence interne.
Le modèle « Global Europe » repose sur trois piliers : conditionnalité, sélection, responsabilité. Les États tiers doivent prouver leur fiabilité pour accéder aux ressources européennes.
Or, ce même raisonnement n’est pas appliqué à l’intérieur de l’Union.
En matière de droit des étrangers, le maintien sur le territoire n’est pas structuré de manière cohérente autour de critères d’intégration mesurables. Travail, maîtrise de la langue, respect des règles, insertion sociale : ces éléments ne constituent pas un système unifié de conditionnalité à l’échelle européenne. Le résultat est un système déséquilibré : exigeant à l’extérieur, incertain à l’intérieur.
Il ne s’agit pas seulement d’une contradiction politique, mais d’une incohérence juridique.
L’Union démontre, à travers « Global Europe », qu’elle dispose des outils nécessaires pour construire un système fondé sur la responsabilité et l’évaluation du comportement. Mais elle choisit de limiter cette logique à sa dimension externe, sans la transposer à la gestion interne de l’immigration.
La question devient alors inévitable : si la conditionnalité est légitime dans les relations avec les États tiers, pourquoi ne le serait-elle pas pour les individus qui souhaitent demeurer sur le territoire européen ?
Le problème n’est donc pas l’absence d’instruments. Le problème est le choix de ne pas les utiliser.
« Global Europe » met en évidence une réalité fondamentale : l’Union européenne est capable de mettre en place un système structuré, fondé sur des incitations, des conditions et des responsabilités. Mais elle refuse d’appliquer ce modèle à elle-même.
Et c’est précisément dans cet écart que se situe aujourd’hui le véritable enjeu du débat migratoire : non pas entre ouverture et fermeture, mais entre cohérence et contradiction des systèmes juridiques.
Il tema delle seconde generazioni rappresenta oggi il punto più avanzato – e al tempo stesso più critico – della crisi del diritto dell’immigrazione. Non si tratta più di governare l’ingresso o la permanenza dello straniero, ma di affrontare le conseguenze di lungo periodo di un sistema che non ha mai strutturato un modello giuridico…
Dans le débat contemporain sur l’immigration, le terme « remigration » s’est progressivement imposé, en France comme dans d’autres pays européens. Il est souvent mobilisé dans un registre politique, parfois idéologique, et renvoie, dans la plupart des cas, à des propositions générales de retour des populations étrangères, formulées sans véritable structuration juridique. C’est précisément dans…
L’articolo de Il Fatto Quotidiano (consultabile qui: https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/04/21/remigrazione-modello-spagnolo-immigrazione-lavoro-oggi/8361860/) richiama il cosiddetto “modello spagnolo” come possibile riferimento nel dibattito sulla remigrazione. Ma il punto va detto senza giri di parole. La Spagna non ha costruito un modello. Ha fatto una sanatoria. E la sanatoria, per definizione, non è una politica strutturale. È un intervento straordinario che…
Il tema delle seconde generazioni rappresenta oggi il punto più avanzato – e al tempo stesso più critico – della crisi del diritto dell’immigrazione. Non si tratta più di governare l’ingresso o la permanenza dello straniero, ma di affrontare le conseguenze di lungo periodo di un sistema che non ha mai strutturato un modello giuridico dell’integrazione.
Le seconde generazioni sono il prodotto diretto di questa lacuna. Esse nascono e crescono all’interno dell’ordinamento, ne condividono formalmente gli spazi, ma non sempre ne interiorizzano le regole, i valori e i meccanismi di funzionamento. Questo scarto tra appartenenza formale e integrazione sostanziale costituisce il vero nodo giuridico.
L’ordinamento italiano, nel corso degli anni, ha sviluppato un sistema normativo fortemente incentrato sul momento dell’ingresso e sulla tipologia del titolo di soggiorno. Tuttavia, ha trascurato la dimensione evolutiva del fenomeno migratorio, ossia il percorso di integrazione nel tempo.
L’integrazione è rimasta una nozione implicita, richiamata in modo episodico dalla normativa e valorizzata soprattutto in sede giurisprudenziale, in particolare attraverso l’interpretazione dell’art. 8 CEDU. Ma tale valorizzazione non si è mai tradotta in un principio ordinatore del sistema.
Ne deriva un modello che non governa i processi, ma si limita a registrare situazioni.
In questo contesto, le seconde generazioni diventano il punto di emersione delle contraddizioni. L’assenza di un percorso giuridicamente strutturato di integrazione produce inevitabilmente fenomeni di disallineamento, marginalità e, in alcuni casi, conflitto. Non si tratta di deviazioni patologiche, ma di esiti sistemici.
Un ordinamento che non definisce cosa significhi integrarsi e quali conseguenze produca l’integrazione – o la sua assenza – rinuncia, di fatto, a governare il fenomeno.
Il dibattito pubblico, tuttavia, continua a muoversi lungo direttrici inadeguate. Da un lato, si insiste su approcci inclusivi privi di strumenti giuridici concreti; dall’altro, si ricorre a risposte securitarie che intervengono solo a valle, quando il problema è già esploso.
Entrambe le impostazioni condividono un limite fondamentale: non incidono sulla struttura del sistema.
La crisi del modello attuale risiede proprio in questa incapacità di costruire un nesso tra integrazione e permanenza. Il diritto di rimanere viene trattato come una condizione statica, sganciata da un percorso dinamico di inserimento nella comunità.
È in questa frattura che si inserisce la necessità di un nuovo paradigma.
Integrazione o ReImmigrazione non si propone come una contrapposizione ideologica, ma come una ricostruzione giuridica del sistema. Il suo presupposto è che l’integrazione debba diventare una categoria normativa centrale, definita attraverso parametri verificabili e collegata a effetti giuridici concreti.
Ciò implica che la permanenza sul territorio non possa essere indifferente rispetto al percorso individuale. Laddove l’integrazione si realizza, l’ordinamento deve riconoscere stabilità e continuità. Laddove, invece, tale percorso non si realizza, devono essere previsti strumenti ordinati e legittimi di ritorno nel Paese di origine.
In questo modo, il sistema recupera coerenza.
Le seconde generazioni rappresentano, in questo senso, il punto di svolta. Esse pongono una domanda che il diritto non può più eludere: è possibile continuare a fondare la permanenza su criteri meramente formali, ignorando il dato sostanziale dell’integrazione?
La risposta, alla luce delle dinamiche in atto, è negativa.
Il futuro dell’ordinamento dipende dalla capacità di superare il modello attuale e di costruire un sistema in cui integrazione e permanenza siano strutturalmente connesse. In assenza di tale passaggio, il rischio è quello di una progressiva erosione della capacità regolativa del diritto, con uno spostamento inevitabile verso logiche di ordine pubblico.
Il diritto dell’immigrazione, invece, deve tornare a svolgere la sua funzione originaria: governare i fenomeni sociali attraverso regole chiare, prevedibili e coerenti.
È da questa esigenza che nasce, oggi, la prospettiva di un nuovo paradigma.
Leggendo l’articolo de Il Foglio (“Geografia del Decreto Flussi: in alcune città va meglio che in altre”) disponibile al seguente link:https://www.ilfoglio.it/cronaca/2026/04/20/news/geografia-del-decreto-flussi-in-alcune-citta-va-meglio-che-in-altre–277269 emerge una chiave di lettura interessante ma, ancora una volta, parziale: il funzionamento del Decreto Flussi varierebbe in base al territorio. In alcune città il sistema “funziona meglio”, in altre peggio. È un’osservazione corretta…
Leggendo l’articolo di Avvenire (“È una lotteria amministrativa a decidere quali lavoratori stranieri saranno regolarizzati”) disponibile al seguente link:https://www.avvenire.it/attualita/e-una-lotteria-amministrativa-a-decidere-quali-lavoratori-stranieri-saranno-regolarizzati_107395 emerge una rappresentazione del Decreto Flussi come sistema caotico, dominato da casualità e da dinamiche quasi aleatorie. Una “lotteria amministrativa”, appunto. La definizione è efficace sul piano comunicativo, ma giuridicamente fuorviante. Non siamo di fronte a…
L’articolo de Il Manifesto (consultabile qui: https://ilmanifesto.it/decreto-flussi-e-richieste-dasilo-linferno-amministrativo-dei-migranti) descrive una realtà che, per chi opera quotidianamente nel diritto dell’immigrazione, non rappresenta un’eccezione ma la regola. Il dato centrale è chiaro: il sistema amministrativo non riesce a gestire in modo coerente il passaggio tra canali di ingresso e strumenti di regolarizzazione. Il cosiddetto “inferno amministrativo” non è…
Dans le débat contemporain sur l’immigration, le terme « remigration » s’est progressivement imposé, en France comme dans d’autres pays européens. Il est souvent mobilisé dans un registre politique, parfois idéologique, et renvoie, dans la plupart des cas, à des propositions générales de retour des populations étrangères, formulées sans véritable structuration juridique.
C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit le paradigme « Intégration ou RéImmigration », qui introduit une notion seulement en apparence similaire, mais en réalité profondément différente : la RéImmigration.
La proximité terminologique entre « remigration » et « RéImmigration » n’est ni fortuite ni maladroite. Elle procède d’un choix délibéré. Il s’agit d’entrer dans un espace sémantique déjà occupé, non pour s’y confondre, mais pour en redéfinir les fondements sur le plan juridique.
Pour comprendre cette distinction, il faut opérer un déplacement du débat : passer du registre politique au registre du droit.
La remigration, telle qu’elle est généralement présentée, se situe dans une logique globale, souvent indifférenciée, qui ne s’articule pas clairement avec les exigences du droit positif. En particulier, elle soulève des interrogations sérieuses au regard des principes fondamentaux du droit européen, notamment le respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que le principe de non-refoulement.
La RéImmigration, au contraire, est une construction juridique.
Elle ne repose ni sur l’origine, ni sur l’identité, ni sur l’appartenance à un groupe. Elle repose exclusivement sur le comportement juridiquement pertinent de la personne au sein de l’ordre juridique. Il ne s’agit pas d’une catégorie collective, mais du résultat d’une évaluation individuelle, fondée sur des critères objectifs et vérifiables.
Le point de départ est clair : le droit au séjour ne peut être totalement dissocié d’un processus d’intégration effectif.
Dans le paradigme « Intégration ou RéImmigration », l’intégration n’est pas une notion abstraite ou simplement sociale. Elle acquiert une valeur juridique. Elle s’articule autour de trois éléments fondamentaux : l’insertion professionnelle, la maîtrise minimale de la langue et le respect des règles de la société d’accueil.
Ce cadre n’est pas étranger au droit français. Il trouve des échos directs dans des instruments déjà existants, tels que le contrat d’intégration républicaine, les conditions attachées à certains titres de séjour, ou encore les contrôles de proportionnalité opérés par le juge administratif.
La RéImmigration intervient ainsi non comme une mesure idéologique, mais comme la conséquence juridique d’un défaut d’intégration, appréciée au cas par cas, dans le respect des garanties procédurales et des droits fondamentaux.
La différence est donc essentielle.
Là où la remigration tend à s’inscrire dans une logique collective et indifférenciée, la RéImmigration est, par nature, individuelle, encadrée et juridiquement fondée. Elle implique une procédure administrative, un contrôle juridictionnel, et une compatibilité constante avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles.
Le choix d’un terme proche de « remigration » répond à une logique précise. Dans le débat public, les mots structurent les solutions. Renoncer à ce terrain lexical reviendrait à laisser s’imposer des catégories dépourvues de rigueur juridique.
Introduire la « RéImmigration », c’est au contraire déplacer le centre de gravité du débat : maintenir l’attention sur la question des retours, tout en la réinscrivant dans le cadre du droit.
Il convient d’être explicite : la RéImmigration n’est pas une version atténuée de la remigration. Elle en constitue une alternative.
Elle ne vise pas à déterminer qui doit partir en fonction de catégories abstraites. Elle vise à établir, juridiquement, qui dispose d’un titre légitime pour rester, au regard de critères liés à l’intégration et au respect des règles.
En définitive, la ressemblance entre les deux termes n’est pas une source de confusion, mais un instrument de clarification. Elle permet de rendre immédiatement visible l’opposition entre deux modèles.
La RéImmigration ne cherche pas à se rapprocher de la remigration. Elle entend s’y confronter sur le plan linguistique pour la dépasser sur le plan juridique.
Non pas une simple variation terminologique, mais une véritable alternative de système.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Integración o ReInmigración.Soy el abogado Fabio Loscerbo. En los últimos tiempos, el término «remigración» ha empezado a aparecer con más frecuencia también en el debate público en España. Se utiliza a menudo en un plano político, muchas veces de forma general, sin una base jurídica clara. Y aquí…
The European Union is quietly reshaping the way it exercises power beyond its borders. With the “Global Europe” instrument, currently under legislative development, the EU is turning its external budget into something far more than development aid. It is becoming a structured system of political leverage. For an American audience, this may sound familiar. The…
