España ha dado un paso que merece ser tomado en serio. El Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, presentado el 30 de junio, moviliza 505 millones de euros en su primer año, se articula en cuatro grandes ejes, dieciséis medidas y diez objetivos para 2030, y habla expresamente de orden, regularidad, trabajo, derechos, obligaciones y reglas de convivencia. Es una novedad relevante en un debate europeo que durante demasiado tiempo ha confundido política migratoria con gestión de entradas o con mera asistencia social. Pero precisamente porque el Gobierno ha decidido llamar a esto “integración”, el siguiente paso no puede ser limitarse a financiar programas: hay que demostrar si producen integración efectiva.
La escala del reto obliga a abandonar cualquier ambigüedad. La regularización extraordinaria cerró el 30 de junio con 1.174.978 solicitudes registradas. Dar un marco jurídico a personas que ya viven en el país puede reducir irregularidad, explotación y economía sumergida, y por eso la regularidad constituye una condición necesaria para cualquier itinerario serio. Sin embargo, regularidad administrativa e integración social no son conceptos equivalentes. Un permiso de residencia permite iniciar un recorrido; no acredita por sí mismo conocimiento de la lengua, autonomía económica, participación social, aceptación de las reglas comunes o estabilidad familiar y laboral.
El propio Plan ofrece instrumentos que pueden producir resultados: más de 150 millones de euros y más de 100.000 plazas de Formación Profesional, cerca de 30 millones para aprendizaje de lenguas cooficiales, normas y valores, y más de 200 millones para reforzar servicios públicos. Son inversiones importantes. Pero una política pública no se mide por la cantidad presupuestada, sino por la diferencia entre la situación inicial y la situación alcanzada. ¿Cuántas personas mejoran realmente su nivel lingüístico? ¿Cuántas pasan de empleos precarios a una inserción laboral estable? ¿Qué ocurre con el abandono escolar, la segregación residencial, la dependencia prolongada de ayudas de emergencia o la participación cívica? Sin respuestas periódicas y comparables, el riesgo es convertir la integración en una palabra políticamente atractiva pero administrativamente imprecisa.
Aquí el paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” puede aportar una propuesta concreta: un sistema público de evaluación de la integración basado en indicadores objetivos, transparentes y revisables. No se trata de crear una clasificación étnica ni de castigar la pobreza. Tampoco de sustituir derechos por puntuaciones administrativas. Se trata de medir, con garantías, elementos que el propio Estado ya considera relevantes: aprendizaje lingüístico, formación, estabilidad laboral, cumplimiento de las obligaciones legales, autonomía progresiva, escolarización de los menores, participación en la vida social y conocimiento de los principios constitucionales. La evaluación debe servir primero para identificar carencias y orientar apoyos; solo allí donde la ley lo prevea puede adquirir relevancia para itinerarios de residencia duradera o ciudadanía, siempre con control jurisdiccional y valoración individual.
La integración exige además reciprocidad. El Estado tiene deberes precisos: ofrecer formación lingüística accesible, reconocer títulos y competencias, evitar discriminaciones, garantire servizi pubblici sostenibili e far funzionare un’amministrazione capace di decidere in tempi ragionevoli. Ma anche la persona che sceglie di costruire la propria vita in Spagna assume responsabilità: rispettare la legge, impegnarsi nell’apprendimento linguistico, accettare l’uguaglianza tra uomo e donna, la libertà religiosa e di espressione, l’aconfessionalità dello Stato e le regole democratiche comuni. El Gobierno español ya ha introducido parte de este lenguaje en su Plan. El desafío es convertirlo en un deber de integración comprensible, verificable y acompañado por instrumentos reales, no en una declaración programática.
También hay una dimensión europea que España debería plantear con mayor ambición. El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo ha construido procedimientos comunes para fronteras, asilo y retorno, pero la integración continúa siendo el eslabón más débil y fragmentado. La Unión Europea no necesita otra capa de burocracia, sino criterios comparables sobre resultados de integración, capaces de mostrar qué políticas funcionan, cuáles fracasan y qué costes generan. Un informe anual europeo sobre integración, autonomía, lengua, empleo, educación y cohesión territorial permitiría evaluar políticas hoy juzgadas casi exclusivamente por número de entradas, permisos concedidos o expedientes tramitados.
España dispone ahora de una oportunidad significativa: transformar su Plan 2026-2030 en un modelo basado en resultados. Los diez objetivos anunciados deberían acompañarse de una línea de base, metas anuales, indicadores verificables y datos territoriales que permitan conocer no solo cuánto se gasta, sino qué cambia realmente en la convivencia y en la autonomía de quienes se integran. La transparencia serve anche a proteggere la politica migratoria dalle semplificazioni: permette di riconoscere i successi quando esistono e di correggere i programmi quando non funzionano.
La proposta di ReImmigrazione si colloca esattamente qui. Non significa espulsioni collettive, né l’idea che la permanenza di una persona dipenda da una valutazione arbitraria della sua identità. Significa che una politica migratoria seria deve collegare ingresso e soggiorno legale, opportunità concrete, doveri individuali, verifica dei risultati e ritorno effettivo quando viene meno il diritto di soggiornare, sempre nel rispetto dello Stato di diritto e della tutela giurisdizionale. In Spagna, la regolarizzazione può essere l’inizio. L’integrazione deve diventare il risultato misurabile.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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