Los acontecimientos recientes en España han reabierto un debate que va mucho más allá de episodios aislados de violencia juvenil o de problemas puntuales de orden público. Los hechos de crónica registrados en distintos territorios revelan una cuestión estructural que merece una reflexión seria y desideologizada: la integración incompleta de una parte de las segundas generaciones.
No se trata de criminalizar ni de simplificar. La realidad es más compleja. Los jóvenes implicados en episodios de violencia urbana, pertenencia a grupos juveniles organizados o conflictos sociales no constituyen un grupo homogéneo ni pueden ser definidos exclusivamente por su origen. Incluyen tanto ciudadanos españoles como jóvenes de origen extranjero, en muchos casos nacidos o criados en España. Precisamente por ello, el problema no puede atribuirse a la inmigración en sí, sino al fracaso de la integración efectiva.
Las segundas generaciones representan la verdadera prueba de cualquier política de integración. Cuando quienes han crecido dentro del sistema educativo, social y jurídico del país desarrollan trayectorias marcadas por la marginalidad, la violencia o el conflicto con las normas comunes, el interrogante no es quiénes son, sino qué ha fallado en el modelo de integración. La integración formal —el acceso a un estatus jurídico o a la nacionalidad— no garantiza por sí sola la integración social, cívica y laboral.
Las propias instituciones españolas han reconocido en los últimos años un aumento de fenómenos de violencia juvenil organizada y han vinculado estos comportamientos a factores estructurales: fracaso escolar, precariedad económica, falta de expectativas profesionales y debilidad de los mecanismos de inserción social. Estos diagnósticos apuntan a un problema de gobernanza, no de identidad.
Este contexto resulta especialmente relevante si se analiza junto a la propuesta de una regularización extraordinaria que podría afectar a aproximadamente 500.000 personas en situación administrativa irregular. Desde un punto de vista jurídico, la regularización es una decisión legítima dentro de la soberanía estatal. Sin embargo, el núcleo del problema reside en su diseño. La medida, tal como ha sido planteada, no incorpora obligaciones jurídicamente vinculantes de integración, ni como requisito previo ni como compromiso posterior.
Separar la regularización de la integración supone un riesgo evidente. Otorgar un título de residencia sin exigir un recorrido estructurado de integración —en términos de lengua, empleo, formación cívica y respeto de las normas— equivale a reducir el derecho de extranjería a una mera gestión administrativa de la presencia. La experiencia de las segundas generaciones demuestra que esta lógica es insuficiente y, a medio plazo, contraproducente.
La dimensión europea agrava aún más esta cuestión. En el espacio Schengen, un permiso de residencia expedido por un Estado miembro permite la libre circulación de corta duración en otros Estados. Una regularización nacional sin exigencias de integración produce, por tanto, efectos que trascienden el ámbito interno y afectan al conjunto del espacio europeo.
Es en este marco donde resulta útil el paradigma italiano “Integrazione o ReImmigrazione”. El término ReImmigrazione no se traduce: designa un concepto jurídico-político desarrollado en el debate italiano. No se refiere a una expulsión punitiva, sino a la consecuencia coherente y estructurada del fracaso de la integración. En este modelo, la permanencia legal está condicionada a una integración verificable. La integración no es una aspiración abstracta, sino la justificación jurídica de la estabilidad. Cuando dicha integración no se produce, la ReImmigrazione representa la salida racional de un sistema basado en la responsabilidad y la cohesión social.
La cronica española ofrece señales claras de lo que ocurre cuando la integración permanece incompleta y las exigencias del sistema son difusas. Ignorar estas señales y avanzar hacia una regularización masiva sin obligaciones de integración supone ampliar un problema que ya es visible.
Las segundas generaciones no son el problema. Son el indicador. Muestran si las políticas de integración funcionan realmente o si se limitan a producir inclusión formal sin cohesión social. La experiencia española invita, por tanto, a una reflexión más profunda: sin integración efectiva, la regularización no genera estabilidad ni convivencia duradera.
Avv. Fabio Loscerbo
Abogado (Italia)
Lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea
ID 280782895721-36
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