En los últimos días he reflexionado sobre dos aspectos fundamentales de la política migratoria italiana que, en realidad, tienen un significado mucho más amplio y universal: el Acuerdo de Integración y la propuesta de crear una Policía de Inmigración.
Estos temas no se limitan a Italia: conciernen a todos los Estados que desean gestionar la inmigración con equilibrio, responsabilidad y una visión a largo plazo.
Como he explicado en varios artículos, el Acuerdo de Integración no debe considerarse una mera formalidad burocrática. Representa la base moral y jurídica de la relación entre el extranjero y el Estado que lo acoge.
Firmar ese acuerdo significa elegir formar parte de una comunidad política, aceptar sus valores, su cultura y sus normas.
En Italia, este acuerdo implica compromisos concretos: aprender el idioma, conocer la Constitución, respetar las leyes y contribuir, dentro de las propias posibilidades, a la vida económica y social del país.
La integración no es un derecho automático: es un proceso. Y como todo proceso, requiere esfuerzo, coherencia y verificación.
Cuando este proceso fracasa —por decisión propia, por indiferencia o por incumplimiento de las reglas— debe activarse la ReInmigración, es decir, el regreso al país de origen. Porque permanecer en el país de acogida solo tiene sentido si existe la verdadera voluntad de participar en la vida cívica y respetar las leyes fundamentales de la comunidad que recibe.
Sin embargo, la integración no puede depender únicamente del comportamiento individual. El Estado también necesita una estructura clara y coordinada para gestionar la inmigración de forma unificada y transparente.
Por eso he propuesto la creación de una Policía de Inmigración, un cuerpo especializado que concentre las competencias actualmente dispersas en diferentes organismos.
En Italia, las oficinas de inmigración dentro de las jefaturas de policía realizan tareas administrativas esenciales, pero carecen de una estructura operativa con una visión integral —una capaz de coordinar la acogida, los controles, las repatriaciones y la cooperación internacional en un marco coherente.
En Estados Unidos, el ICE (Immigration and Customs Enforcement) ya cumple esta función. Italia, y en general Europa, deberían avanzar hacia un modelo similar —no para cerrarse, sino para organizarse mejor.
Porque un Estado que no sabe quién entra, quién se queda y quién debe marcharse, no es un Estado acogedor —es un Estado desorganizado.
La integración y la seguridad no son principios opuestos: son las dos caras de la misma moneda, ambas necesarias para construir una sociedad justa y estable.
En este sentido, Italia puede convertirse en un laboratorio europeo: un país que busca activamente el equilibrio entre hospitalidad y orden, entre derechos y deberes, entre libertad y responsabilidad.
Ese equilibrio debería inspirar al conjunto de la Unión Europea: avanzar hacia normas comunes, controles efectivos y una cooperación real.
La inmigración no es una crisis que deba soportarse, sino una realidad que debe gobernarse —con las herramientas adecuadas y valores compartidos.
En definitiva, la integración no puede existir sin legalidad, y la legalidad carece de sentido sin un verdadero proyecto de integración.
Ese es el significado del paradigma que propongo: Integración o ReInmigración.
No es un eslogan ideológico, sino un principio de realismo y responsabilidad.
El futuro de Europa dependerá de nuestra capacidad para acoger a quienes desean pertenecer y para devolver a quienes rechazan hacerlo.
Italia puede ser el punto de partida de este nuevo modelo que une humanidad con firmeza, solidaridad con responsabilidad.
Soy el abogado Fabio Loscerbo, y los invito a leer más análisis en http://www.reimmigrazione.com.
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