Los hechos ocurridos en Minneapolis, ampliamente difundidos por la prensa estadounidense, han reabierto un debate intenso en Estados Unidos. Durante una operación llevada a cabo por un agente del Immigration and Customs Enforcement (ICE), una mujer, Renee Good, perdió la vida. La noticia fue publicada por CNN y puede leerse en el siguiente enlace:
https://edition.cnn.com/2026/01/10/us/ice-shooting-minneapolis-renee-good
No es el objetivo de este artículo analizar las responsabilidades penales individuales, que deberán ser determinadas exclusivamente por las autoridades judiciales estadounidenses. El interés aquí es distinto y más estructural: qué función ejerce el Estado cuando dispone de una policía de inmigración que actúa de manera efectiva en el territorio.
En Estados Unidos, esta función es clara y explícita. Los agentes del ICE operan sobre el terreno, verifican la situación administrativa de las personas y, cuando no existe un título válido de estancia, intervienen. Se trata de una función real, visible y asumida como parte ordinaria del ejercicio de la soberanía estatal.
Este enfoque contrasta de manera significativa con lo que sucede en gran parte de Europa. Para comprenderlo, basta observar lo ocurrido recientemente en Roma. El 11 de enero de 2026, en la estación de Termini, se produjeron dos agresiones graves en el plazo de una hora: un hombre quedó en estado crítico tras una paliza y, poco después, un repartidor resultó herido. Los hechos fueron relatados por Il Corriere della Sera en el siguiente enlace:
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/26_gennaio_11/roma-doppia-aggressione-alla-stazione-termini-un-uomo-in-fin-di-vita-dopo-un-pestaggio-un-rider-ferito-un-ora-dopo-7313a7a7-9a86-42ed-8449-55cef8d50xlk.shtml
Tampoco en este caso se trata de anticipar valoraciones judiciales sobre los autores de los hechos. La cuestión relevante es otra, de carácter estructural: por qué lugares como la estación Termini se han convertido, desde hace años, en espacios de desorden crónico, marginalidad y falta de seguridad.
La respuesta es incómoda, pero jurídicamente clara. En Italia —y en gran parte de Europa— el Estado ha renunciado de facto a ejercer un control sistemático y efectivo del estatus de residencia en el territorio. Las órdenes de expulsión existen formalmente, pero el control cotidiano y real es inexistente. El resultado es una ficción jurídica: la irregularidad es conocida, pero tolerada y no gestionada.
La diferencia con el modelo estadounidense es evidente. Allí el Estado ve, controla y actúa. Esto no excluye errores ni posibles abusos, pero deja algo fuera de toda duda: el control de la inmigración es considerado una función normal del Estado, no un tabú político.
Desde la perspectiva del paradigma de la ReImmigración, esta comparación es fundamental. La ReImmigración no implica represión indiscriminada ni un estado de emergencia permanente. Parte de un principio simple: la integración es una obligación verificable, el derecho a permanecer no es automático y, cuando no se cumplen las condiciones legales, el retorno es la consecuencia lógica.
En este sentido, es legítimo afirmar que si hubiera existido una verdadera policía de inmigración en el entorno de la estación Termini, las condiciones que hicieron posibles esas agresiones probablemente no se habrían dado. No porque la presencia policial elimine todo delito, sino porque la ausencia prolongada de control genera zonas grises donde la irregularidad permanente alimenta la violencia y la inseguridad.
El caso de Minneapolis y los hechos de Roma muestran, cada uno a su manera, una misma realidad: el control de la inmigración no es neutral. Donde existe, es visible y genera debate público. Donde falta, los costes aparecen de forma indirecta, en forma de inseguridad, conflicto social y episodios recurrentes de violencia, seguidos de indignación pasajera y ninguna solución estructural.
Negarse a reflexionar sobre una policía de inmigración no hace a las sociedades más humanas. Simplemente desplaza las consecuencias de la irregularidad no gestionada hacia otros ámbitos. Un Estado serio no gobierna negando los problemas, sino ejerciendo sus funciones de manera clara, regulada y responsable.
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