En España, como en muchos países europeos, el debate sobre la inmigración suele desarrollarse entre dos argumentos principales. Por un lado, se presenta como una cuestión humanitaria vinculada a la protección de los derechos fundamentales. Por otro, se describe como una necesidad económica relacionada con la escasez de mano de obra y el envejecimiento de la población.
Durante las últimas décadas esta segunda interpretación —la económica— ha dominado en gran medida las políticas migratorias europeas. En este enfoque, el inmigrante es visto principalmente como un trabajador potencial, un recurso para cubrir necesidades del mercado laboral en sectores como la agricultura, la construcción, los servicios o el trabajo doméstico.
Sin embargo, esta visión económica del fenómeno migratorio presenta importantes límites.
La migración no es únicamente un fenómeno económico. También es un fenómeno social y político que transforma las sociedades de acogida. Afecta a la cohesión social, al funcionamiento de los sistemas de bienestar y a la estabilidad de las instituciones democráticas.
Cuando la inmigración se analiza exclusivamente desde la perspectiva del mercado laboral, se pierde de vista la cuestión central que determina el éxito o el fracaso de las políticas migratorias: la integración.
En gran parte de Europa, las políticas públicas se concentran en dos momentos del proceso migratorio: la entrada en el territorio y, en teoría, la expulsión o retorno cuando la estancia se vuelve irregular. Sin embargo, el elemento intermedio —el proceso real de integración en la sociedad— suele carecer de mecanismos claros de evaluación y de gobierno.
Este vacío explica en parte muchas de las tensiones que hoy se observan en diferentes países europeos. En algunas ciudades la integración funciona, mientras que en otros territorios aparecen situaciones de marginalización prolongada o de separación social. Estas dinámicas generan preocupación en la opinión pública y ponen en cuestión la sostenibilidad del modelo migratorio actual.
Por esta razón, cada vez resulta más evidente la necesidad de superar la visión puramente económica de la inmigración y avanzar hacia un nuevo paradigma de gestión de los flujos migratorios.
En este contexto surge el paradigma “Integración o ReInmigración”.
La idea fundamental es sencilla: el derecho a permanecer en un país no debe depender únicamente de la existencia de un contrato de trabajo o de la demanda económica de determinados sectores productivos. Debe depender, sobre todo, de la capacidad real del inmigrante para integrarse en la sociedad de acogida.
La integración se entiende aquí en términos concretos y verificables: conocimiento de la lengua del país, respeto del orden jurídico, inserción laboral regular y aceptación de las normas básicas de convivencia social.
Si ese proceso de integración se desarrolla de forma efectiva, la estabilidad jurídica de la residencia debe estar garantizada. En cambio, si la integración no se produce, el Estado debe conservar la capacidad de interrumpir el proceso de permanencia y organizar el retorno al país de origen.
Es importante distinguir este enfoque de otro concepto que ha aparecido recientemente en algunos debates políticos europeos: el de la “remigración”.
La remigración suele basarse en planteamientos de carácter identitario y propone el retorno sistemático de inmigrantes considerados “no asimilados”. Se trata, en gran medida, de una propuesta ideológica.
El paradigma de la ReInmigración, en cambio, se fundamenta en un principio jurídico de reciprocidad entre el individuo y la sociedad que lo acoge. El inmigrante tiene la posibilidad de construir su vida en el país de acogida, pero esa posibilidad está vinculada a un proceso real de integración.
Para que este paradigma pueda funcionar, es necesario dotarlo de instrumentos jurídicos y administrativos concretos.
Un primer instrumento es la protección complementaria, prevista en el artículo 19 del Texto Único de Inmigración italiano. Esta figura jurídica puede concederse cuando el retorno de una persona vulneraría sus derechos fundamentales o cuando ha desarrollado vínculos sociales y familiares significativos en el país. En un modelo orientado a la integración, esta protección puede convertirse en un mecanismo para estabilizar la situación jurídica de quienes demuestran una verdadera integración.
Un segundo pilar es el acuerdo de integración, que ya existe en el ordenamiento italiano pero que hoy tiene un papel limitado. En un sistema centrado en la integración, este acuerdo debería convertirse en un verdadero itinerario estructurado que incluya el aprendizaje del idioma, la inserción laboral y la participación en la vida cívica.
Otro instrumento posible es el depósito del pasaporte en la autoridad administrativa durante el proceso de integración, lo que permitiría garantizar la trazabilidad administrativa y evitar situaciones de desaparición dentro del sistema.
Al mismo tiempo, el Estado debe reforzar su capacidad para ejecutar las decisiones de retorno cuando la integración no se produce. Para ello podría crearse una policía especializada en inmigración, dedicada específicamente a la ejecución de medidas de expulsión y retorno.
Finalmente, el sistema necesita infraestructuras adecuadas para gestionar estos procedimientos. En Italia existen los centros de permanencia para el retorno (CPR), destinados a acoger temporalmente a personas en proceso de repatriación cuando la salida voluntaria no es posible.
El objetivo del paradigma “Integración o ReInmigración” no es cerrar las sociedades europeas a la inmigración, sino restablecer un equilibrio entre apertura y responsabilidad.
Una sociedad puede seguir siendo abierta a la inmigración solo si mantiene la capacidad de gobernar el proceso. La integración no puede ser un objetivo secundario: debe convertirse en el criterio central que determine la estabilidad de la residencia.
La experiencia europea demuestra que un modelo basado únicamente en las necesidades económicas es insuficiente. Los mercados laborales cambian rápidamente, pero la cohesión social es una condición fundamental para la estabilidad de las democracias.
Por ello, superar la visión económica de la inmigración se ha convertido en uno de los grandes desafíos políticos de Europa en las próximas décadas.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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