La resolución dictada por el Tribunal de Bolonia el 19 de febrero de 2026 no representa únicamente una evolución del derecho italiano, sino que se inserta en una tendencia más amplia que afecta directamente a los sistemas jurídicos europeos, incluido el modelo español.
En apariencia, el asunto se refiere a la denominada «protección complementaria», es decir, una forma de tutela para quienes no reúnen los requisitos del asilo clásico, pero cuya expulsión implicaría una vulneración de derechos fundamentales. Sin embargo, un análisis más profundo revela que el verdadero alcance de la decisión va mucho más allá de esta categoría jurídica.
El Tribunal introduce un cambio sustancial en el fundamento del derecho de residencia: este deja de depender exclusivamente de las condiciones del país de origen y pasa a vincularse de forma directa con el grado de integración en la sociedad de acogida.
El razonamiento jurídico se apoya en un principio consolidado del derecho europeo: el respeto a la vida privada y familiar, reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este principio, ampliamente utilizado también por los tribunales españoles, especialmente en materia de arraigo y autorizaciones por circunstancias excepcionales, adquiere aquí una nueva dimensión.
El Tribunal no se limita a una valoración abstracta o meramente humanitaria. Por el contrario, adopta un enfoque concreto, basado en elementos objetivos y verificables. La integración se convierte así en un criterio jurídico central.
En el caso analizado, resultan determinantes factores como la existencia de un contrato de trabajo indefinido, ingresos regulares, una vivienda estable, el conocimiento del idioma, la participación en procesos formativos y la ausencia de antecedentes penales. Estos elementos permiten acreditar una inserción real y efectiva en la sociedad italiana.
La conclusión es inequívoca: cuanto mayor es el grado de integración, mayor sería la desproporción de una medida de expulsión en relación con el derecho a la vida privada.
Este enfoque presenta especial relevancia para el ordenamiento jurídico español.
En España, el debate migratorio suele oscilar entre la protección de derechos y el control de los flujos migratorios. No obstante, la decisión del Tribunal de Bolonia ofrece una tercera vía: estructurar el derecho de residencia en torno a la integración como criterio jurídico verificable.
De hecho, este planteamiento no es ajeno al sistema español. Se encuentra implícito en figuras como el arraigo social, laboral o familiar. Sin embargo, no ha sido plenamente desarrollado como principio rector del sistema.
Aquí reside la innovación de esta decisión.
Se trata de una lógica que puede sintetizarse en el paradigma integración o reimigración.
En otras palabras, el derecho a permanecer en el territorio no puede derivarse automáticamente de la mera presencia, sino que debe construirse a partir de un proceso efectivo de integración. A la inversa, la ausencia de dicha integración puede justificar legítimamente una medida de retorno, siempre que no se vulneren derechos fundamentales de forma desproporcionada.
Este modelo permite superar la dicotomía tradicional entre apertura y restricción, proponiendo un sistema basado en criterios objetivos, evaluables y jurídicamente controlables.
Para el derecho español, la implicación es clara: no basta con reconocer derechos o imponer límites, sino que resulta imprescindible evaluar, caso por caso, el grado real de integración del extranjero.
La resolución del Tribunal de Bolonia apunta así hacia una posible evolución del derecho europeo de extranjería: convertir la integración en el eje central del derecho de residencia.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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